El director de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT), Gonzalo Córdoba, está en la mira del contralor Alvin Weeden, quien solicitó al rector de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), Héctor Montemayor, que lo separe de su cargo como profesor.
Pero la solicitud de destitución de Córdoba no es la única, ya que a través de una misiva dirigida al director de la Caja de Seguro Social (CSS), Juan Jované, Weeden le pide que separe al director médico del Hospital Regional de Chepo, Roberto Medina, por haber otorgado permiso a un grupo de funcionarios para participar en una marcha en horas laborables.
Para el caso de Córdoba, el contralor expone en sus alegatos que la entidad que dirige detectó, durante una auditoría efectuada, que el jefe de SENACYT le pudo haber ocasionado al Estado una lesión patrimonial de más de B/. 75 mil, debido a los dos cargos públicos que ha estado ocupando a tiempo completo desde el año 1999 hasta la fecha.
De acuerdo con Weeden, las investigaciones han determinado la incompatibilidad en los horarios de los cargos que Córdoba (miembro del Partido Arnulfista) presta en la UTP y SENACYT.
"No ha obtenido autorización del rector de la UTP para laborar en SENACYT durante los períodos del primer y segundo semestre de los años académicos 2000, 2001 y 2002", expone Weeden en una carta dirigida a Montemayor.
Otros detalles, según Weeden, son que Córdoba no cumple con 40 horas de docencia y ello se constata en el número de horas acreditadas durante los semestres de los años 2000, 2001 y 2002. "El prenombrado Gonzalo Córdoba, no cumple con sus obligaciones como profesor a tiempo completo, debido a que no asiste regularmente a impartir docencia", indicó.
A este respecto, el director de SENACYT, declaró a El Panamá América que la actuación de Weeden denota una posición que él ha denunciado ante la Procuraduría de la Nación desde hace mucho tiempo. "Demuestra la persecución política del contralor contra mí. Es una rencilla muy vieja, que ahora desde su posición le ha permitido actuar", acotó Córdoba.
Manifestó que la supuesta anomalía se pudo denunciar desde el mes de septiembre del 2000 cuando él pasó a ocupar la dirección de SENACYT, sin embargo, "el contralor ha esperado tres años después para hacer esa denuncia".
"Eso se tendrá que resolver en otras instancias y en su momento le tocará decidir a la Corte que no existe la falta que se imputa. Toda mi vida he sido profesor, lo he hecho con vehemencia porque me gusta enseñar y transmitir lo que yo conozco", argumentó Córdoba..
Para el caso de la denuncia contra el director del Hospital Regional de Chepo, el contralor expuso que la Constitución Nacional no confiere al doctor Roberto Medina facultades para suspender el horario laboral del personal del hospital.
El permiso otorgado permitió a los funcionarios de esa dependencia médica participar en una reciente manifestación de rechazo al recorte presupuestario que había sido aplicado a la entidad de seguridad social.
"Los funcionarios que participaron en dicho evento y el director médico al autorizar dicha participación, violaron los artículos 28 y 74 de la Ley 32 de 1984, disposiciones que exigen que para la percepción del salario completo debe prestarse efectivamente el servicio durante el horario regular de trabajo", indicó el contralor.
El funcionario también le hizo saber a Jované que si durante las investigaciones que adelanta la Contraloría en este caso surgen elementos que incriminen al doctor Medina con otras conductas antijurídicas y culpables, lo hará del conocimiento del Ministerio Público para que inicie la acción penal que corresponde.
Ambos entrevistados criticaron al legislador Marcos González porque emitió juicios contra los transportistas de esta ruta argumentando que había hecho un estudio de la problemática del sector. Ese estudio, según los dirigentes, lo hizo en 15 minutos. ¿Fue científico y serio? La respuesta obvia es no, precisaron.
Desde el pasado lunes, 26 unidades adicionales, pertenecientes a diversas rutas del Oeste y Boca La Caja, transitan en horas de la mañana en Vacamonte, con lo que se notó una mejora en la prestación del servicio, incluso en El Chumical, una de las áreas más afectadas por la escasez de buses.
Carlos Mendoza, fiscal de la piquera de los buses de Ciudad del Futuro, señala que no está en desacuerdo con que los vecinos de las barriadas se apoyen los unos a los otros, no ve nada de malo que un vecino quiera llevar a sus conocidos a sus lugares de trabajo. Eso es solidaridad con los demás.
"Lo que sí se ve mal es que los particulares tomen como un hobbie el llevar y traer gente de la ciudad hasta el sector Oeste y viceversa", sentenció. A raíz de los problemas que se han dado con los denominados taxis pirata, la ruta presta servicio hasta medianoche, cuando antes el último transporte salía a las once de la noche.
El fiscal de Ciudad del Futuro explicó que en esa ruta se inician las labores entre las 3:45 a.m. y 4:00 a.m., asignando las diversas áreas a cubrir: Ciudad del Futuro, Valle Hermoso, Hato Montaña, El Palmar, San José y San Gabriel. Si no se cumple con las rutas asignadas, la directiva sanciona al conductor con cuatro días de suspensión, porque es claro que se tiene un compromiso con la comunidad, destacó.
El problema es tan grande que el lugar de la reunión se quedó chico. Luego de paros y marchas, por primera vez, usuarios, transportistas, taxis "piratas" y autoridades se reunieron la semana pasada en la Comisión Legislativa de Transporte para buscarle una solución al problema del transporte en Panamá Oeste.
La solución salomónica de la Autoridad del Tránsito y de la Comisión Legislativa fue asignar 40 buses de la capital para suplir el déficit de unidades en Vacamonte, si bien los transportistas del Oeste decidieron poner a disposición sus propias unidades donde hicieran falta, como en Vacamonte, por ejemplo.
Los transportistas fueron por lana y salieron trasquilados, ya que su propuesta de más préstamos para el sector no fue aceptada. Esteban Rodríguez, presidente de la Cámara Nacional de Transporte (CANATRA), señaló que el problema del Oeste se resuelve no con más certificados de operación, sino con préstamos blandos por parte del Estado para renovar la flota de unidades. Según el dirigente, en el negocio del transporte en Panamá Oeste el "cliente (usuario) es el "enemigo" del transportista porque prefiere utilizar los taxis pirata que los buses de las rutas.
De acuerdo con el presidente de CANATRA, ellos son los más perjudicados en el problema porque el Estado no aporta nada para ellos y en cambio les exige un servicio eficiente y les pone a los usuarios en su contra.
Por su parte, Héctor Rodríguez, quien se pone unas veces el sombrero de legislador, otras el de empresario y el de sindicalista, manifestó que ellos "quieren mucho al usuario", a tal punto que han mantenido la misma tarifa por más de 20 años.
Según el dirigente, podrán aumentar la cantidad de buses que quieran y van a terminar "quebrados", igual que sucedió con la ruta de Vacamonte donde quedaron los buses tirados en un patio y los transportistas con una deuda millonaria.
Al hablar con el sombrero de empresario, Rodríguez pidió a las autoridades que usaran "criterios técnicos" para resolver el problema de transporte en el Oeste y no se apresuren a tomar decisiones que luego podrían lamentarse.
"No podemos promover en esta ocasión la anarquía", señaló Rodríguez, quien alertó que cualquier decisión de legalizar a los "piratas" podría ocasionar el cierre de la Gran Terminal de Albrook, lo cual podría generar una mala señal a los inversionistas.
"Los transportistas pagamos 100 mil balboas mensuales para operar en esa terminal, que genera mil empleos", señaló el transportista, que en esa ocasión pareció hablar como accionista de la terminal de Albrook.
Por último, Rodríguez se puso el sombrero de legislador para manifestar que el problema se pudiera resolver en parte cuando el Estado establezca un contrato de concesión con las 900 rutas que operan en el país.
Los "piratas" señalan que ni las multas han podido eliminarlos porque la deficiencia del servicio de transporte regular los hace sobrevivir. Primero establecieron la multa en B/.500 y ahora la aumentaron a B/.800, pero estos taxistas y dueños de autos particulares siguen transportando pasajeros hacia el sector Oeste.
Leonel Montilla, presidente de los transportistas "pirata", que se autodenominan "auxiliares", manifestó que en buena parte han solucionado el problema a los usuarios por la deficiencia del servicio que prestan los buses.
Montilla destacó que la Constitución Nacional y las normas que regulaban- hasta hace poco- el transporte selectivo, los autoriza a prestar dicho servicio, sometidos a la libre oferta y demanda . No obstante, denunció que han encontrado oposición para prestar este servicio auxiliar por parte de los sindicatos de transportistas y "grandes empresarios que han colocado sus intereses por encima del bienestar colectivo".
Para los "piratas" no todo está perdido, toda vez que ven una luz en la oscuridad debido a que la Comisión de Transporte recomendó una reforma a la ley del transporte para regular el servicio nocturno de taxis y buses hacia el sector Oeste.
Entretanto, el director de la Autoridad del Tránsito, Pablo Quintero Luna, reiteró que las sanciones contra los piratas seguirán porque es un servicio ilegal que no está contemplado en la legislación. En las tres entregas participaron: Elizabeth Muñoz de Lao, Carlos Vargas, Yuriela Sagel, Enrique Brathwaite, Melitza Solano, José Eduardo Sánchez, Yodalis Bethancourt y Rodolfo Gaitán.
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