El contralor de la República, Alvin Weeden, refutó ayer los señalamientos de que está limitando el acceso a la información con la clasificación "confidencial" y la advertencia de destituciones hacia aquellos funcionarios que la divulguen.
"Nosotros lo único que hemos hecho es mandar a publicar resoluciones de contralores anteriores que establecen que todo acto administrativo debe efectuarse por vía de la Gaceta y no es una norma nueva, sino que está tipificado en el Código Penal que un funcionario que tome un documento público confidencial y lo haga de uso público será amonestado", aclaró Weeden.
Sostuvo que la ley dispone que sería una violación que se le dé un uso diferente a documentos confidenciales porque sería un peligro para las personas la publicación de su declaración de renta o de sus bienes.
"Imagínese que se tiene un informe de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial y se hace público, usted podría ser objeto de un secuestro porque hay informaciones que son de carácter confidencial", recalcó.
Señaló que en otros países se "desclasifican" documentos después de 20 ó 30 años, porque debido al daño que puedan ocasionar no son de libre uso público. El jerarca de las finanzas públicas negó que exista "fuga de información" en la Contraloría, sino que se trata de información reservada para uso oficial.
La Contraloría de la República procedió a publicar esta semana varios decretos donde establece algunas medidas de evaluación al desempeño del personal y quienes se sientan afectados por este procedimiento podrán apelar ante el director respectivo.
También establece que la Contraloría deberá crear un Programa para el Control del Uso y Abuso del Alcohol y Drogas con el fin de prevenir y reeducar. La institución a través del Departamento de Bienestar Social diseñará, mantendrá actualizado y ejecutará un programa de educación y prevención del uso del alcohol y drogas.
