Contralor remitirá auditos del PARVIS al procurador

El contralor Gabriel Castro informó que enviará a la Procuraduría de la Nación el informe final sobre las irregularidades en el Programa de Apoyo Rápido para Viviendas de Interés Social (PARVIS).
Sostuvo que la próxima semana entregará el informe de auditoría del PARVIS al procurador de la Nación, José Antonio Sossa, para que éste evalúe la investigación.
Aseguró que las investigaciones han revelado faltantes en el Programa de Subsidio Habitacional, por lo que en las últimas semanas los auditores de la Contraloría se trasladaron al interior del país para verificar los áuditos.
El Jefe de las Finanzas Públicas no reveló los nombres de los implicados y agregó que esta tarea es responsabilidad del Ministerio Público y no de la Contraloría.
Por otra parte, Castro, nuevamente evasivo, no quiso opinar sobre las reformas aprobadas por el Organo Legislativo a su Reglamento Interno las cuales, según algunos sectores, afectarán el presupuesto nacional del Estado y la constitucionalidad del Ejecutivo.
"Yo no quiero opinar sobre la bondad del proyecto de ley, lo que sí es cierto es que no se duplica el presupuesto ya que sólo se da el 2% de los ingresos del gobierno central", afirmó Castro.
Puntualizó que el contralor sólo opina en el manejo que le van a dar a los recursos del Estado y no en la legalidad de la medida, porque eso le corresponde a la Corte Suprema.
Advirtió que no puede hablar como abogado porque él es contralor y no debe confundir sus funciones públicas con el ejercicio de la abogacía.
Recalcó que la fiscalización de los fondos del Estado, por Constitución, le pertenece a la Contraloría y es falso que con esta norma se haya perdido.
Destacó que la independencia que establece la Carta Magna para la Contraloría se hace nula al no poder manejar un presupuesto bueno para ejecutar todas las funciones que le corresponde y nombrar a todos los auditores que requiere la institución.
El ministro de Economía y Finanzas, Fernando Aramburú Porras expresó esta semana su oposición a los cambios aprobados por la Asamblea Legislativa, al considerar que los mismos afectan la facultad constitucional del Ejecutivo para definir el Presupuesto General del Estado.