La Contraloría General de la República se negó a refrendar una adenda de prórroga al contrato de semaforización que suscribió el Estado durante los últimos meses de Gobierno de Martín Torrijos, con la empresa española Telvent Tráfico y Transporte, S.A.
La adenda, firmada por el ex director de la Autoridad de Tránsito, Heraclio Batista, permite a la empresa entregar la primera fase de la obra ocho meses después de lo estipulado (en enero de 2010), lo que evita que la empresa sea multada por incumplimiento de plazo, tal como lo establece el contrato.
El contralor, Carlos Vallarino, esgrimió como argumento que la adenda no cuenta con una resolución de la Junta Directiva de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), pese a que este organismo discutió este asunto el 26 de marzo de 2009.
Cecilia Tejedor, abogada de la ATTT y designada por el director encargado, Ricardo Fábrega, para hablar del tema, reconoció que ha sido difícil subsanar este punto y perfeccionar el contrato, pues la junta directiva no se reúne desde que entró el nuevo Gobierno.
Esto podría complicarse con la fusión de la ATTT y el Ministerio de Obras Públicas, ya que podría desaparecer la junta directiva, en su mayoría integrada por representantes de los usuarios y transportistas.
“Estamos verificando cuál va a ser el mecanismo a seguir porque no podemos tener este contrato abierto e indefinidamente”, precisó Tejedor, al tiempo que reiteró que el tema de Telvent está en agenda, máxime cuando se ordenó suspender la obra hasta enero del próximo año.
Al ser consultada sobre la validez o no de la adenda que no cuenta con una resolución de la Junta Directiva de la ATTT ni el refrendo de Contraloría, la funcionaria se limitó a informar que eso se está discutiendo con los abogados de Contraloría para “llegar a una situación legal”.
Ninguno de los altas jerarcas de la empresa española accedió a una entrevista con este medio. Solo Gema Montoya, del área de Comunicación de la empresa, respondió electrónicamente indicando que “lamentaba no poder facilitar información”.
Prórroga.
La empresa Telvent Tráfico y Transporte, S.A. sustentó la prórroga, según consta en el acta de reunión de la Junta Directiva de la ATTT del 26 de marzo pasado, que indica que el proyecto tuvo problemas al inicio y atribuyó la responsabilidad al Gobierno por los trabajos de la Cinta Costera.
El consorcio también alegó que la instalación de puentes vehiculares y peatonales y la entrega tardía del Centro de Control de Tránsito alteró el cronograma de ejecución.
Se tenía previsto instalar el Centro de Control de Tránsito en la Ciudad del Saber; sin embargo, por razones presupuestarias se decidió ubicarlo en el piso 19 del edificio de la Lotería Nacional de Beneficiencia.
Domingo Alvarado, ex vocero del proyecto por parte de la ATTT, apoyó el argumento de la empresa alegando que “el centro de control se entregó a las mil y quinientas”, según un acta de reunión ordinaria de la Junta Directiva a la que tuvo acceso Panamá América.
La empresa Telvent Tráfico y Transporte, S.A., también adujo que en el país había una escasez de personal idóneo para laborar en el proyecto, pues la Cinta Costera había absorbido la mano de obra, por lo que tuvieron que recurrir a contratar trabajadores en el exterior.
