El contralor Alvin Weeden solicitó al Consejo de Gabinete proceder al reemplazo del magistrado presidente de la Corte, César Pereira Burgos, tras haber alcanzado los 75 años de edad que señala la denominada "Ley Faúndes" para aplicar el "retiro definitivo" del sector público.
Mientras que la Presidencia de la República emitió anoche un comunicado en el que señala que como no está entre sus funciones interpretar la Constitución Nacional y las leyes, elevará una consulta a la Procuraduría de la Administración, como consejera legal del Estado, para determinar si la solicitud del contralor tiene fundamento jurídico.
Establece que dependiendo de esta opinión, actuará en "estricto apego" del ordenamiento jurídico.
En una carta remitida al presidente Martín Torrijos, Weeden sustenta su petición en que al alcanzar los 75 años, a Pereira le es aplicable el artículo 1 de la Ley 70 de 2001 que establece que los servidores públicos que alcancen esta edad, con excepción de los de elección popular, deberán retirarse definitivamente del servicio público.
Indica que el artículo 208 de la Constitución establece que un magistrado puede ser depuesto, suspendido o trasladado del ejercicio de su cargo, en la medida en que se cumpla con las causales y trámites establecidas en la Ley, como es el caso del artículo 1 de la Ley No. 61 de 1998, modificada por la Ley No. 70 de 2001.
"En reiterados fallos, tanto el Pleno como las diferentes salas de la Corte han reconocido el carácter constitucional y la aplicación de la Ley 70 de 2001, o Ley Faúndes, ya que en ella no se hace referencia a la destitución de un servidor público en concreto", sostiene Weeden en su carta.
"El propio magistrado Pereira Burgos en sentencia del 22 de agosto del 2003 reconoce la existencia y aplicación de la citada norma, al resolver una querella presentada por Diógenes Arosemena contra el rector de la Universidad de Panamá, Gustavo García de Paredes", plantea.
Consultado anoche sobre el tema, el magistrado Pereira Burgos sostuvo que no había sido notificado por la Contraloría sobre esta decisión.
En una entrevista previa, Pereira Burgos aseguró que no renunciará ni negociará nada, y que no se le puede aplicar la Ley Faúndes.
Planteó que la Ley Faúndes no se le debe aplicar a nadie, porque es un "adefesio" y en el caso de los magistrados están nombrados por períodos enteros.
"No le renuncio a nadie, ni a este gobierno (el de Moscoso) ni a Martín Torrijos", advirtió entonces.
