El contralor general de la República, Alvin Weeden, desmintió ayer versiones de una televisora local donde se aseveró que su esposa era alta funcionaria de la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI).
"Mi esposa no trabaja en ninguna entidad del Estado, tiene muchos años de no trabajar, de manera que es absolutamente falsa esa noticia", declaró Weeden, al considerar que el trabajo periodístico trata de quitarle credibilidad a la Contraloría.
"Lamento que esto se dé en circunstancias y momentos en que yo como contralor tuve que exigir que la licitación de los canales 8 y 10 se diese con el precio oficial", indicó Weeden.
Agregó que no quiere pensar que la campaña televisiva sobre nepotismo gubernamental esté relacionada con su decisión como contralor, de que se cumpliese la ley en lo relacionado a las frecuencias de estos canales.
"No puedo aceptar este tipo de campañas porque lesiona la imagen pública de la Contraloría, la cual estoy obligado a cuidar", puntualizó, al indicar que no tiene intenciones de poner ningún tipo de demanda contra los periodistas, ya que a su juicio "en los tribunales no se gana prestigio, ni cosa parecida".
La televisora TVN-Canal 2 responsable del reportaje sobre nepotismo, en su noticiero vespertino de ayer pidió disculpas a Weeden por la aseveración difundida.
Añadió que se procedió a elaborar un proyecto de reforma al decreto ejecutivo sobre este tipo de licitación que incluya la necesidad del precio oficial.
"Eso ya es una materia que le concierne al Organo Ejecutivo. El Ministerio de Gobierno y Justicia preparó el decreto y lo envió a consideración de la presidenta para que se le dé el procedimiento de rigor", dijo Weeden.
"Hasta que esa etapa no se satisfaga legalmente yo no puedo, igual el Ministerio de Economía y Finanzas, fijar el precio oficial", subrayó Weeden.
También recordó que durante la Semana Santa se realizará un operativo para detectar los vehículos oficiales que circulen sin su correspondiente salvoconducto, que de no tenerlo ameritará al conductor una multa de 100 balboas y si reincide, la destitución.
Sobre los bienes cautelados al exgeneral Manuel Antonio Noriega, el contralor Weeden dijo que están siendo administrados por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, organismo oficial que trata de mantenerlos en las mejores condiciones posibles, a pesar de lo costoso.
Weeden aclaró que los bienes de Noriega ubicados en Amador, ya no están bajo la administración de la DRP, sino de la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), que la ha dado dentro de una concesión a un consorcio coreano que va a desarrollar un proyecto hotelero turístico.
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