A pesar que está en proceso de implementación la ley que tiene como objetivo evitar el deterioro de una innumerable cantidad de bienes, ya la Contraloría según fuentes legislativas ha exigido como requisito el control previo antes de proceder a la venta de estos bienes.
Esta diferencia de opiniones podría retrasar la venta de estos bienes por lo que se espera que en los próximos días se produzca un encuentro entre el contralor de la república, Carlos Vallarino y algunos diputados que propugnan para que se dé un control posterior y no un control previo para proceder a la venta de estos bienes.
La procuradora de la nación, Ana Matilde Gómez, quien en su momento impulsó la aprobación de esta ley, ha reconocido la falta de capacidad estructural y económica de la institución para mantener en buen estado los bienes incautados, recomendando la venta del bien con el fin de garantizar al menos que aquel detenido que sea declarado inocente reciba la suma de dinero correspondiente al valor del bien al momento de la incautación.
Este mecanismo es considerado por las autoridades como el procedimiento más expedito y factible para salvaguardar los intereses de los imputados, de las víctimas y del Estado.
Según la Procuradora en estos momentos el Ministerio Público está trabajando en la reglamentación de la ley para proceder con la venta de estos bienes siguiendo el debido proceso.
Las autoridades judiciales mantienen incautados desde autos, casas, apartamentos, fincas, barcos y hasta aeronaves; los cuales se han venido deteriorando al no poder disponer de estos bienes.
Justificó que hay cuentas con B/. 100 mil de entrada y salida, nadie ha ganado comisión por una transacción, por lo que considera infundadas las acusaciones.
Por su parte, la Fiscalía Primera de Drogas no emitió ningún tipo de información oficial del caso concerniente a la detención de Urrego Cárdenas y otras cinco personas detenidas por blanqueo de capitales.
Este diario trató de contactar al fiscal primero de drogas, José Abel Almengor, vía celular pero no respondió.
Marta Plaza Torres, de 20 años, detenida en el caso por blanqueo de capitales, tenía cuatro meses de estar establecida permanentemente en Panamá. Ella es la novia del colombiano.
Había entrado en ocasiones anteriores al país.
Plaza Torres participó como secretaria del colombiano en la empresa turística Pearl of Pacific a petición de Urrego Cárdenas.
Por el momento no se ha solicitado ninguna medida cautelar a favor de Urrego Cárdenas.
El colombiano continuará detenido hasta que se hagan las auditorías de las cuentas y bienes y se para determinar el origen lícito o ilícito.
Sin embargo, se ha mencionado por parte del Ministerio Público la posible cautelación de las cuentas del colombiano residente en Panamá las cuales reposan en el exterior.
Aquí se investigó la vinculación de Urrego con el también colombiano Nelson Echeverry Castro. Además, las autoridades ticas pidieron al Registro Público panameño una certificación sobre la existencia de Grissland Enterprises y las actividades desarrolladas por el capo colombiano detenido.
No obstante, las pesquisas realizadas a la fecha indican que las autoridades desatendieron las alertas internacionales sobre la vinculación de Urrego Cárdenas con el Cartel del Norte del Valle.
Desde 1998 las autoridades recibieron informes sobre Urrego Cárdenas, pero aún así le concedieron una cédula de extranjero a un permiso de inversionista.
También se informó que se investigan las cuentas que Urrego abrió hace casi un año en el Banco Continental, Banco Uno y el Banco Nacional de Panamá (BNP).
A raíz de ello se ha ordenado verificar posibles transacciones comerciales y trasferencias bancarias en Costa Rica y otros países de Centroamérica a donde pudo haber extendido sus actividades comerciales y puede tener potenciales socios.
