L a Contraloría de la República, en una nota enviada a la Fiscalía Anticorrupción, señaló que el ex ministro de Educación, Belgis Castro, violó las normas constitucionales y legales sobre el control previo al dar una orden de proceder para la ejecución de un contrato sin su refrendo.
En la nota N.° 127-Leg de julio pasado, el Contralor señaló que las acciones del ex funcionario riñen con las opiniones y criterios jurisprudenciales que sobre la materia han expresado la Sala Tercera de la Corte y la Procuraduría General de la Nación.
También señala que nunca existió la urgencia invocada por el ex ministro Castro para solicitar la excepción de licitación pública, con el fin de realizar el contrato con el Grupo Inmeca.
A la vez establece que el contrato suscrito entre el MEDUCA y el Grupo Inmeca adolece de una serie de parámetros, entre los que se encuentra el pliego de cargos y planos.
También una propuesta y programa gráfico aceptable para el Estado y que antes de solicitar el primer pago, debía presentar copia del recibo de pago del permiso de construcción y observar los reglamentos de la Oficina de Seguridad y de Sanidad.
Otra de las presuntas irregularidades encontradas por la Contraloría es el hecho de que Castro firmó la autorización de pago que le correspondía firmar al Director de Administración y Finanzas del MEDUCA.
Además, no consta el recibido del cheque por el contratista, pero el cheque se depositó en el Banistmo en la cuenta N.° 26-8-03-00532-7 de Grupo Inmeca el 14 de enero de 2008.
Sin embargo, el refrendo por parte del fiscalizador se produjo el 11 de marzo de 2008.
En tanto, la Fiscalía Anticorrupción estimó que entre el ex ministro Castro y el director de Ingeniería y Arquitectura del MEDUCA, César Cordero, debía existir una relación de confianza, lo que se traduce en el conocimiento de los hechos irregulares que estaban ocurriendo en la remoción de la fibra de vidrio en los centros educativos de Panamá.
Por otro lado, el hábeas corpus presentado a favor de Castro por el abogado Carlos Carrillo radica en el despacho del magistrado Víctor Benavides.
La defensa de Castro sustenta que la detención de su cliente es ilegal, ya que su nombre no es mencionado en el informe de auditoría elaborado por la Contraloría.
Según Carrillo, la solicitud de arresto de su cliente fue solicitada por los abogados del Ministerio de Educación fuera de horario y fue aceptada una hora después.
Señaló que el supuesto delito que se le imputa a su cliente tiene una pena de 1 a 3 años, que puede ser sustituida por una medida cautelar menos grave.
Añadió que su cliente acudió voluntariamente y está enfermo.
