El legislador arnulfista, José Blandón Figueroa, solicitó al pleno de la Asamblea Legislativa que antes de concluir el actual período de sesiones ordinarias apruebe un proyecto de ley mediante el cual se establezca claramente que la Contraloría General de la República está en capacidad legal de investigar administrativamente cualquier caso de "enriquecimiento ilícito".
Lamentó que a través de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que en su opinión fue emitido con el fin de proteger a un juez del Tribunal Marítimo que era investigado por supuesto enriquecimiento ilícito, se haya limitado una norma aprobada por la Asamblea Legislativa.
Blandón Figueroa dijo que la intención de aprobar este proyecto, que fue presentado desde diciembre pasado, no es impedir que el Ministerio Público pueda ejercer una acción penal por enriquecimiento ilícito, sino permitir y dejar bien claro que la Contraloría puede realizar una investigación administrativa.
A la vez se permite que cualquier persona pueda denunciar un posible enriquecimiento injustificado ante la Contraloría de la República, lo haga con una "prueba indiciaria" y no con una "prueba sumaria" como se exige en la actualidad.
Las "pruebas indiciarias" podrían hacerse sobre la posesión de los bienes que se estiman sobrepasan los declarados o los que probablemente superen las posibilidades económicas del denunciado.
Esta propuesta del legislador Blandón fue hecha ayer ante el pleno de la Asamblea Legislativa, cuando solicitó que se apruebe este proyecto de ley para evitar que un fallo de la Corte Suprema de Justicia afecte una norma legal.
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