La Contraloría tiene la responsabilidad de resguardar el buen uso de los fondos públicos, incluyendo la Partida Discrecional, por lo que su representante en la Presidencia debía conocer los detalles de estos gastos, sostuvo el excontralor Rubén Darío Carles.
Esta partida nunca ha sido "secreta", destacó, quien señaló que existe el control previo, lo que permite fiscalizar todo el dinero utilizado de estos fondos.
Carles indicó que el delegado de la Contraloría asignado a la Presidencia tenía que estar al tanto del uso de la Partida Discrecional, pues firma conjuntamente con el mandatario para que sean aprobados los cheques que se emiten.
Señaló que este funcionario de la Contraloría también tiene acceso a los números de las cuentas, a los comprobantes y a los cheques.
A juicio de Carles, la Contraloría no se paró firme ante los gastos que se efectuaron con la Partida Discrecional en la pasada administración de gobierno.
Aunque dijo desconocer si han cambiado los procedimientos, Carles enfatizó que esos fueron los utilizados con el presidente Guillermo Endara, a quien no le permitió excesos.
El político indicó que tanto la Procuraduría General de la Nación como la Contraloría deben investigar en qué se utilizó la Partida Discrecional y, sobre todo, se debe conocer a quién le pagaron este dinero.
En este caso, el control previo era primordial aplicarlo, ya que hubiera evitado el abuso del gasto, cuando no se tiene una justificación, sostuvo.
A juicio del excontralor, el presidente Martín Torrijos debe rendir cuentas cada mes.
Manifestó que no debe existir excesos, ya que la partida no puede manejarse de forma personal, para beneficiar a un presidente y a sus amigos íntimos.
Aclaró que estos dineros sí pueden ser utilizados en gastos de contingencias importantes y para atender situaciones de ayuda social.
El presidente Torrijos dijo que por ahora no amerita realizar una investigación mayor sobre el uso de las partidas secretas de la expresidenta Mireya Moscoso, pues la intención de publicar el informe de finiquitos en la página electrónica de la Presidencia, es para que la sociedad juzgue si su uso fue correcto.
