Las investigaciones por el fraude millonario en el desaparecido Fondo de Inversión Social (FIS) parecen estar aterrizando y dando a conocer las supuestas figuras que estarían detrás de los hechos.
Nombres de diputados, promotores, comités y fundaciones ya son parte de los procesos que están en manos de las fiscalías y tribunales correspondientes.
La Contraloría General de la República logró abrir 32 expedientes por posible lesión patrimonial en el Programa de Asistencia Social (PROAS) que manejaba el desaparecido FIS, de los cuales, 10 casos ya fueron remitidos al Tribunal de Cuentas y otros siete a la Fiscalía Anticorrupción.
El resto se encuentra en trámite de autenticación y revisión final.
Entrega ficticia de sillas de ruedas, útiles escolares y materiales de construcción, anomalías en la construcción del sistema de agua potable en Portobelo, y el sistema de alcantarillado de La Villa de Los Santos, entre otros, son los casos con irregularidades detectados por los auditores de la Contraloría. La acción se efectúa dos años después de que se diera a conocer una auditoría externa en el FIS, que ponía al descubierto una red que se dedicaba a desviar los fondos públicos a través de compras y fundaciones ficticias, con la complicidad de al menos 20 diputados y exdiputados.
El mismo informe, elaborado por la firma López Consultores, reveló que se utilizaron seis métodos para desviar fondos, respaldándose los documentos que reposaban en los deteriorados archivos del FIS.
El escándalo provocó el cierre del FIS en 2010, y dio origen al Programa de Ayuda Nacional (PAN).
Ahora, los auditores de la Contraloría han calculado la posible lesión patrimonial contra el Estado en 2 millones 474 mil 170 dólares, cifra muy inferior a la de 11 millones de dólares que había contabilizado la firma externa que contrató el exdirector del FIS, Giácomo Tamburelli, en 2009.
Ello se debió a que los auditores de la Contraloría no encontraron la documentación completa en los archivos del FIS, y mucho menos tuvieron acceso a los informes de la auditoría externa de López Consultores.
Fuentes oficiales revelaron que los expedientes de la Contraloría están basados solo en los documentos y facturas que se pudieron encontrar en los archivos del PROAS. Sin embargo, en la mayoría de los casos no se hace una vinculación directa con los diputados, como lo hizo la auditoría externa, en la que se señala a 20 diputados y exdiputados.
Los auditores de la Contraloría pudieron respaldar sus expedientes mediante entrevistas directas con los promotores, trabajadoras sociales y comités que en el periodo auditado firmaron las solicitudes y entregas de las ayudas del PROAS, entre ellos implementos deportivos, alimentos y asistencia económica.
En la mayoría de los casos se encontraron inconsistencias y no existían pruebas de que la ayuda realmente se entregó a las comunidades necesitadas.
En las entrevistas, los promotores mencionaron los nombres del diputado José Isabel Blandón, del Partido Panameñista, y del exdiputado Pedro Miguel González, del PRD.
Blandón fue mencionado por el párroco de la iglesia de Santa Ana, Manuel Man, que volvió a ser entrevistado por los auditores de la Contraloría, y se ratificó en que nunca recibió la ayuda.
Este caso también fue registrado en el informe de auditoría externa del FIS, hecho por la firma López Consultores, en el que se reporta una supuesta ayuda a la iglesia de Santa Ana, por más de 40 mil dólares, promovida por el diputado Blandón, la cual nunca se realizó. (Ver nota relacionada).
Este es el segundo caso del escándalo FIS en el que, supuestamente, se utilizó a la Iglesia Católica para desviar fondos públicos. La investigación del primer caso, en el que fue víctima el Monasterio de la Visitación, se encuentra avanzada en la Fiscalía Anticorrupción, ya que uno de los mencionados es un exdiputado.
En el caso del diputado Blandón, quien cuenta con inmunidad para ser investigado, le corresponderá a la Fiscalía Anticorrupción hacer el pedido para que sea procesado por la Corte, si encuentran méritos.
Mientras, el exdiputado González y el representante Quibián Panay registran en el expediente por su vinculación a la empresa Proyectos del Norte, y las irregularidades en la construcción de carreteras en el distrito de Santa Fe.
Fuentes de la Contraloría revelaron que el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía de Cuentas y la Fiscalía Anticorrupción pueden ampliar la investigación y alimentar la lista de posibles responsables.
