El administrador de la Autoridad Nacional de la Administración de Tierras (ANATI), Franklin Oduber, deberá solicitar a la Contraloría General de la República una auditoría sobre todas las titulaciones otorgadas bajo el amparo de la Ley 80 del 31 de diciembre del 2009, luego que el Consejo Nacional de Tierras, durante la sesión de ayer, se lo ordenara.
En un comunicado del Consejo de Tierras se indica que el propósito de la acción es determinar si la actuación de la ANATI, en todos los expedientes en que fueron otorgados títulos de propiedad, cumplió con los procedimientos establecidos en la ley aplicable al momento de la emisión.
Agrega que la decisión se da en estricto cumplimiento de las funciones que le asignó la Ley 59 de octubre del 2010 al Consejo Nacional de Tierras, entre las cuales fijó que es obligación de ese ente supervisar la gestión de la Administración General de ANATI y exigir la rendición de cuentas sobre sus actos.
Por otro lado, ayer un grupo de pescadores y residentes de la comunidad de Juan Hombrón, en la provincia de Coclé, presentó una querella penal contra la exdirectora de Titulación de ANATI, Anabelle Villamonte y quienes resulten responsables por las supuestas irregularidades en la adjudicación de terrenos ubicados en esta playa.
Jorge Sánchez, abogado de los pescadores, solicitó en la querella que se investigue a estas personas por los delitos de corrupción de funcionarios públicos, falsedad de documentos y otros.
Según Sánchez, esta acción legal también es contra las personas que se hicieron pasar por los dueños de estas tierras para venderlas.
