Amparados en el Artículo 125 del Código Electoral, que le permite realizar contrataciones directas cuando gravite urgencia evidente, el Tribunal Electoral (TE) recurrió a este mecanismo en nueve ocasiones en el 2007 por un monto de más de B/.5 millones.
Un informe al que tuvo acceso revela que también, tramitó 19 contrataciones con excepción del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por un valor superior a B/.1.5 milles, según consta en un documento oficial de la propia institución.
La última vez que los magistrados del TE utilizaron este procedimiento fue con la empresa estadounidense L-1 Identity Solutions para el nuevo sistema de identificación ciudadana por B/.3.6 millones, decisión que levantó suspicacia en la Contraloría General de la República.
Precisamente, el jefe de las finanzas públicas, Carlos Vallarino, devolvió el contrato sin el refrendo argumentando que el documento tenía múltiples "errores" y que los magistrados del TE no sustentaron la imposibilidad de disponer del tiempo suficiente para realizar adecuadamente un acto público que permitiera mayor objetividad.
Gerardo Solís, magistrado del TE, defendió estas contrataciones directas advirtiendo que este procedimiento no es sinónimo de "corrupción ni oscurantismo" y aseguró que en todos los actos de la institución hay transparencia a pesar de las críticas que han recibido en los últimos días.
Solís adelantó que durante el 2008 realizarán "muchas" contrataciones directas porque la organización del proceso electoral exige que los trámites se efectúen de manera expedita y sin dilación.
En relación con la contratación directa de L-1, el magistrado Solís advirtió que "no existe ninguna posibilidad de realizar un nuevo acto público porque actuaron de manera transparente y correcta.
"Tengo el más alto concepto del contralor Vallarino y de su equipo de trabajo, pero vamos a insistir en que ese contrato se refrende", acotó Solís.
Todas las contrataciones fueron finiquitadas en Sala de Acuerdos.
