CUATRO nuevos funcionarios delegados serán nombrados para la instrucción del expediente del caso Rayo Montaño, confirmó ayer el fiscal de Drogas, José Ayú Prado.
Recientemente, el fiscal solicitó una auditoría en la Fiscalía Primera de Drogas a los 732 expedientes que se instruyen en su despacho, de los cuales encontró un 30% en morosidad, entre éstos uno de los más relevantes, el de Rayo Montaño.
Por su parte, Ayú Prado indicó que están procurando llamar a declarar a las personas que vendieron bienes inmuebles, pero la fiscalía analiza si se les cita a una declaración jurada o como testigos.
En cuanto al jefe del Servicio Marítimo Nacional, Ricardo Tradd, señaló que ha sido llamado a declarar porque hay que enviar una certificación jurada, por tratarse jefe de un estamento de seguridad, pero dijo que no se ha cerrado esta posibilidad.
La fiscalía también enfrenta la falta de espacio físico o de un depósito para trasladar los bienes cautelados. Tal es el caso de la empresa Nautipesca, en la Calzada de Amador, de adonde no se han podido sacar los bienes que allí reposan por la falta de un depósito. Además el local es de alquiler, y sus propietarios alegan pérdidas en miles de dólares.
El fiscal confió en que el Ministerio Público no está preparado para un caso con la incautación de tantos bienes, al hacer falta recursos.
