Esto sería así, de comprobarse una ilegalidad.
Esta posibilidad fue confirmada por el sub administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, Carlos Raúl Moreno.
No obstante, el funcionario de la AMP se mostró complacido por la decisión de la Corte Suprema de Justicia, de levantarle la suspensión a la empresa Ocean Pollution Control para proseguir sus operaciones de recolección de sustancias contaminantes vertidas accidentalmente o no en las aguas del Canal.
El sub administrador Moreno considera que la decisión es acertada, pues la Autoridad Marítima de Panamá no cuenta con el equipo para brindar este servicio.
Es necesario recordar que este contrato había sido suspendido a solicitud del entonces contralor de la República, Alvin Weeden, al considerar que la Autoridad Marítima de Panamá no tenía facultad jurídica para contratar directamente a Ocean Pollution Control.
La mayoría de las máquinas tragamonedas tipo C son instaladas en bares y centros de diversión, en donde son utilizadas por los visitantes.
La Junta de Control de Juegos establece la realización de inspecciones para determinar si las máquinas se encuentran alteradas y si tienen el permiso de operación.
El tipo penal de la acusación presentada puede acarrear penas que oscilan entre dos a cuatro años de prisión.
Esta es la segunda investigación desarrollada por las autoridades relacionadas con el uso irregular de máquinas tragamonedas.
Con anterioridad se habían desarrollado pesquisas por la vinculación de algunos ex funcionarios en la alteración de los mecanismos de las máquinas y el uso de la técnica conocida como el "yoyo" para la sustracción de los premios.
A través de la investigación, se descubrieron más de 218 chapas falsificadas para la legalización en la operación de máquinas tragamonedas.
Las chapas falsificadas mantenían el logo (cornucopia) con la leyenda del antiguo Ministerio de Hacienda y Tesoro, conjuntamente con la denominación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
