La frase
- El control de precio no se le consultó a un solo productor ni a los comerciantes; necesitamos una política de Estado a largo plazo porque Varela se comprometió. Úrsula Kiener / Apede
Una serie de irregularidades y hasta una posible violación a la Carta Magna panameña detectaron expertos en materia alimenticia y económica, luego de cumplirse un mes de la aplicación del Decreto Ejecutivo N.° 165 que congeló el precio de 22 productos de la canasta básica familiar de alimentos (CBFA) en Panamá.
En ese sentido, Úrsula Kiener, de la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), señaló que mientras no se adopten políticas sanas para apoyar el sector productivo del país se seguirá dependiendo de la importación y de las jumboferias. “No estamos produciendo nada... No les damos importancia a nuestros productores”.
Kiener también comentó que la regulación de precios no ha funcionado porque se han elevado los productos que no están en la lista de control y que la medida “es una curita a un problema tan grave”.
La empresaria criticó el control de precios de 22 productos de la canasta básica aplicado por el gobierno del presidente Juan Carlos Varela. Kiener considera que el Gobierno no hizo las consultas necesarias con el sector agropecuario.
Aseguró que el control de precios no funciona, ha causado desabastecimiento y un aumento en los precios de los productos no regulados.
Kiener sostuvo que el nuevo gobierno implementó el control de precios sin consultar y empezó a destituir a los técnicos, como hacen todos los gobiernos, a pesar de que los técnicos saben más que los políticos.
La joven empresaria también cuestionó el hecho de que el Consejo Nacional de Agricultura está compuesto por “dinosaurios” y no por profesionales y verdaderos productores.
La dirigente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Apede criticó que con el actual gobierno del Instituto de Mercadeo Agropecuario se está importando productos que aquí se producen como la papa y mantiene la política con las jumbotiendas.
Por su parte, el economista Juan Jované cuestionó que la medida adoptada por el Gobierno carece de visión agropecuaria y alimentaria, pero sobre todo transgrede la Constitución Política.
La fuente aseguró que Varela ha ignorado el artículo 284 que se refiere a la intervención del Estado en toda clase de empresas que tengan como norte hacer efectiva la justicia social, discurso recurrente en su campaña y tras las elecciones.
“El artículo tiene tres puntos, pero el tercero expresa claramente que la ley definirá los artículos de primera necesidad... Si querían regular los enseres básicos de alimentación, debieron haber creado una ley para tal fin, pero el presidente se abrogó el derecho, en contra de la Constitución, de decidir qué artículo es o no de primera necesidad”, recalcó Jované.
Otro punto que no se tomó en cuenta antes de aprobar el decreto es el periodo que este duraría porque esta genera especulación cuando se vaya acercando la fecha de prueba de la medida.
