Control previo divide opiniones

El contralor Alvin Weeden y sus tres antecesores inmediatos expresaron ayer ante la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, su desacuerdo con la posibilidad de que por medio de las reformas constitucionales, se elimine el control previo en los gastos de las instituciones estatales.
La sesión dedicó la mayor parte del día a discutir la posibilidad de eliminar el control previo, a lo cual se opone Weeden, al igual que los ex contralores Rubén Darío Carles, José Chen Barría y Gabriel Castro, quienes estuvieron en la sesión.
Weeden planteó que cuando se instaló en el cargo, a recomendación del Ejecutivo, se eliminó el control previo en algunos hospitales y al Fondo de Inversión Social (FIS), pero después hubo que reinstalarlo, pues en varias ocasiones se prestó para situaciones irregulares e incluso casos de corrupción.
Mientras que el legislador Pedro Miguel González, quien se muestra a favor de la eliminación del control previo, afirmó que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) funciona sin el control previo y es una de las dependencias más eficientes del Estado.
El contralor Weeden contestó que a pesar de la eficiencia de la ACP, que heredó las estructuras de una institución del gobierno federal de Estados Unidos, recientemente se detectó el caso de un funcionario que había adjudicado compras de manera irregular por un monto que supera los B/.90 mil.
Agregó que en este caso se pudo demostrar que el funcionario había "falseado" las cotizaciones, aceptado documentación falsa de empresas que en realidad no existían y permitido que compañías de un propietario participaran en un mismo acto público.
Todas estas situaciones fueron detectadas por auditoría interna de la ACP a través del control posterior y una vez se percataron del delito, se tomaron acciones legales contra el funcionario que había incurrido en estos actos ilegales.
A juicio del legislador González, esto se constituye en una muestra de que cuando existe un buen control posterior o una buena auditoría interna, se pueden tomar acciones cuando existen actos irregulares o situaciones de corrupción.
Weeden insistió en que lo ideal es que exista el control previo, porque de esa forma se puede evitar que se cometa cualquier ilegalidad y además resulta más fácil impedir un acto de corrupción.
Jerry Wilson, proponente del Acto Legislativo para introducir las reformas constitucionales, explicó que Panamá es uno de los pocos países de la región que todavía mantiene la figura del control previo, lo cual no es adecuado para la existencia de un Estado moderno.
Añadió que hay quienes sostienen que esta figura obstaculiza y "empantana" la gestión del gobierno, pues se requiere de la firma del contralor hasta para aprobar un contrato de B/.300.
Alvin Weeden insistió en que es necesario que se revise cada uno de estos contratos, porque en diversas instituciones se han percatado que se han asignado partidas por servicios profesionales por miles de balboas a personas que no tienen la capacidad intelectual, la preparación académica o el currículum para desempeñar los cargos que se le asignan.
Además, hay casos en los que la Contraloría ha rechazado algunas licitaciones públicas, pues se adjudican algunos proyectos a empresas que ni siquiera han presentado los planos para la construcción de la obra, que no han cumplido con la fianza de garantía o que no llenan los requisitos exigidos por ley.
En tanto, el ex contralor Rubén Darío Carles recordó al legislador Wilson que hace un par de años propuso un proyecto sobre Seguro Educativo que luego se transformó en la Ley 13, que eliminó el control previo en los colegios secundarios, lo cual se prestó para una cantidad significativa de actos de corrupción en los planteles y que a la fecha no existe ningún profesor o padre de familia arrestado por esta irregularidad.
Durante la sesión de la Comisión de Gobierno también expresaron sus opiniones sobre las reformas constitucionales, los magistrados del Tribunal Electoral, así como los representantes del Partido Solidaridad y Partido Liberal Nacional (PLN), al igual que los representantes de la Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA).
Por su parte, el magistrado Eduardo Valdés Escoffery rechazó que las reformas constitucionales en discusión otorguen al Tribunal Electoral un poder excesivo.
Indicó que lo único que se hace a través de esta propuesta de reforma es otorgar al Tribunal Electoral, que es la institución que mayor credibilidad tiene en el país, una independencia administrativa y financiera que le permitiría garantizar unas elecciones limpias, sin la influencia que puede ejercer un determinado gobierno.
Valdés Escoffery dijo que son más de catorce años los que llevan pidiendo que esa independencia y su autonomía sean elevadas a un nivel constitucional, como la única forma de evitar la influencia de los gobiernos de turno.
Durante la sesión de ayer, el presidente encargado del Partido Solidaridad, José Raúl Mulino, también mostró el rechazo de este colectivo político a la propuesta de reforma constitucional por considerar que no contiene los verdaderos cambios que requiere la Carta Magna.
Mientras que los representantes del Partido Liberal Nacional (PLN) mostraron su apoyo a la mayoría de los cambios constitucionales incluidos en la propuesta que ha presentado ante la Asamblea Legislativa, el Partido Revolucionario Democrático (PRD).
Por otro lado, un rotundo "no" a la pretensión de reformar el artículo 35 de la Constitución Nacional que reconoce a la religión católica como la mayoritaria de los panameños, sentenció ayer el arzobispo de Panamá, monseñor José Dimas Cedeño.
Consideró que "de ninguna manera" deben realizarse cambios a ese artículo, pues lo que "ya está instituido hay que mantenerlo para bien", ya que las reformas constitucionales deben realizarse para mejorarla y no para quitarle lo bueno que tiene.
Aunque en el paquete de reformas propuestos a la Asamblea no está incluido ese artículo, el miércoles la legisladora Teresita de Arias dijo haber escuchado sobre una propuesta de anexar esa reforma, aprovechando que se encontraban en la discusión los representantes del Comité Ecuménico, para así darle oportunidad a las otras religiones.
Mientras el padre Néstor Jaén, presidente del Comité Ecuménico, le respondió a la legisladora que no se oponía a que esa idea fuera propuesta, pero que al final los que deciden son los legisladores.