La Ley 18 de la Policía Nacional no es instrumento legal suficiente para sustentar la implementación del sistema de verificación electrónica, conocido como “Pele-police”.
Así se refirió el presidente electo del Colegio de Abogados, José Alberto Álvarez, al considerar que el “Pele- police” requiere de una nueva legislación que especifique la forma de aplicación.
“Todo instrumento de prevención debe ser bienvenido, pero deben existir los mecanismos legales que garanticen las libertades fundamentales de los ciudadanos.
Una de las principales quejas sobre el “Pele-police” obedece a que el mismo impide el libre tránsito de los ciudadanos, debido a que la Policía Nacional aplica el dispositivo a transeúntes y conductores en retenes policiales.
Esta herramienta volvió a ser tema de controversia, tras un incidente ocurrido con el comunicador social de la provincia de Colón, Enrique Watts, quien fue detenido en un retén, tras ser verificado con el “Pele-polis”.
Para el director de la Policía Nacional, Julio Moltó, es probable que existan excepciones en la implementación del sistema, pero argumentó que esto se debe a errores en la alimentación de la base de datos, porque se requiere de la participación de varias entidades.
“Nosotros solo hacemos cumplir la ley, no somos los que generamos la orden de detención, solo nos alimentamos de una base de datos”, destacó el director de la Policía Nacional, al argumentar las razones por las cuales se pudieran dar errores en la actualización de los datos del “Pele-police”.
Moltó fue categórico y dijo que la herramienta se seguirá utilizando, porque hasta el momento no existe orden legal que impida su funcionamiento.
El “Pele-police” es administrado por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), la cual se alimenta de todas las autoridades formales que componen el Órgano Judicial, Ministerio Público, corregidurías y juzgados de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre.
