Una controversia podría generar la recomendación del informe de prensa presentado al Ministerio de Gobierno y Justicia, de exigir una "idoneidad académica" en el campo de la comunicación, para ejercer labores de recolectar, redactar, producir y difundir "material noticioso".
La recomendación está contenida en el informe de la Comisión Evaluadora que, a instancias del Ministerio de Gobierno, acopió la normativa vigente sobre periodismo y libertad de expresión, así como casi una decena de proyectos con que se ha intentado, de una década para acá, derogar las "leyes mordaza".
Con anterioridad, y ciñéndose a lo dispuesto en el "Pacto de San José reconocido por Panamá, voces se han alzado en rechazo de la "idoneidad periodística", así como en contra la obligación de contar con estudios en comunicación exclusivamente, para ejercer el periodismo.
Los críticos de la "idoneidad", también han apelado a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se dictaminó que el periodismo no puede estar a la par de una profesión que meramente brinda servicios al público por medio de conocimientos adquiridos en la universidad.
En lo que atañe a la derogación de leyes, se supo que la Comisión Evaluadora, presidida por Indalecio Rodríguez, terminó el informe que supera las cincuenta páginas y en el mismo se recomienda un anteproyecto que derogue las leyes 11, 67 y 68 de 1978, así como la ley No. 1 de 1988, sobre calumnia e injuria.
Sin embargo, se pudo saber también, que la Comisión optó por declinar el estudio del Decreto No. 251 de 1969, que se refiere a la clasificación de espectáculos públicos y Junta de Censura, debido a que está en trámite un proyecto de ley que toca esta misma materia.
Por su lado el presidente del Colegio de Periodistas, Luis Alberto Díaz, envió sus recomendaciones a la ministra de Gobierno, Mariela Sagel, y entre ellas figuran el reconocer "la objeción de conciencia" del periodista frente al medio de comunicación, y el respeto a la protección de su "fuente de información".
Díaz pide incluir en la nueva ley de libertad de información y ejercicio del periodismo, el reconocimiento de la profesión de periodista y de los medios de comunicación a los profesionales del periodismo, frente a las personas que usan los medios sin ostentar el título académico.
Solicita además que se incluya que toda persona tiene el derecho de buscar y transmitir informaciones a través de los medios de comunicación, en su propio nombre y en ejercicio del derecho humano que le asiste, pero ello no implica que se le dé el título de periodista ni que se haga pasar por periodista sin serlo.
Según el informe de la Comisión Evaluadora se sabe del "rechazo" de los propietarios de los medios en aceptar una restricción en su libertad de contratación para las funciones como periodistas, de cualquier ciudadano, en ocasiones sin experiencia ni capacitación académica en comunicación.
Se critica en el mismo documento, que tras la libre selección de personal que atienda las tareas informativas, se esconde el deseo de dar remuneraciones "ínfimas e irrisorias" que no se compaginan con la responsabilidad encomendada a ese personal ni con el esfuerzo intelectual y físico a desempeñar.
"¿Cómo reclamar el cumplimiento de los Derechos Humanos en el área política si ese reclamante los viola en el área laboral?", es una de las preguntas que se formulan en el informe, cuyo resumen verbal fue presentado ante la ministra de Gobierno y Justicia, Mariela Sagel, el 20 de abril del presente.
