Un documento celosamente guardado y apretado bajo la axila de la Procuraduría de la Administración, podría ser clave para robustecer o diezmar la sospecha de un "contubernio" entre Legisladores y Procuraduría.
Tal información podría alimentar o matar de hambre la tesis de un contubernio fraguado con autoridades de la Procuraduría de la Administración, para intentarse que los legisladores cobren miles de balboas en salarios caídos, decisión que ahora sólo depende de la Corte Suprema de Justicia.
Como se recordará, legisladores del periodo 94-99 (varios de los cuales fueron reelectos para el actual mandato legislativo), vienen reclamando el pago de unos salarios dejados de percibir durante el gobierno de Pérez Balladares, cuando a los ministros se les sopló, con aire huracanado, el sueldo.
Con el auxilio del documento arriba aludido, tal vez se vería si la aprobación vertiginosa de una ley ansiada por la Procuraduría, se gestó paralela a un pedido de las más altas autoridades de la Asamblea Legislativa, para que la procuradora se pronunciara a favor del gordo pago.
¿Dónde estaría ese documento? El Panamá América tiene entendido que el original reposa en la Procuraduría de la Administración, una copia en la Contraloría, y otra en la Corte Suprema de Justicia, instancia que podría avalar o frenar el pago de los salarios caídos para los legisladores, tachados de escandalosos.
El presidente de la Asamblea Legislativa durante el periodo pasado, Enrique Garrido, se afanó pública y privadamente para lograr el pago de tales salarios. En tal gestión, tocó las puertas de la Contraloría, donde se negó el refrendo, y por ello el caso fue a dar a la máxima corporación de justicia.
Como parte de la tramitación, la Corte recibió una opinión de la Procuraduría, favoreciendo el pago de los salarios, y tal dictamen cayó en manos de José Ceballos, suplente de la procuradora.
Curiosamente Montenegro se fue de vacaciones, cuando se emitió la opinión favorable.
Pero, dejando de lado el pronunciamiento de Ceballos, este diario tiene informes de que hubo antes, otra solicitud (de la Asamblea Legislativa) para que la Procuraduría se pronunciara.
Tal sería uno de los documentos que El Panamá América ha venido requiriendo hace ya tres meses, sin éxito.
No menos de tres "derechos de petición", y varios requerimientos por Relaciones Públicas, han sido cursados a la Procuraduría solicitando ese documento y aunque la procuradora aseguró que no niega información a los periodistas y a los particulares, esta demora de entrega parece demostrar que sí lo hace.
¿Por qué es importante ese documento? ¿Cómo se habría fraguado el contubernio? El 3 de abril de este año, el presidente de la Asamblea solicitó a la Contraloría el refrendo del pago de salarios caídos de legisladores (94-99), pero al día siguiente la solicitud fue denegada por el Contralor General de la República, Alvin Weeden.
Dos días después de esto, un legislador anunció que elevaría una consulta a la Procuraduría de la Administración para que emitiera concepto sobre la viabilidad de tal pago, pero después desistió al saber que tan consulta debía ser realizada por la presidencia de la Asamblea.
Aquí surge la pregunta: ¿Elevó tal consulta el presidente de la Asamblea Legislativa, Enrique Garrido, a la Procuradora? ¿En qué fecha? ¿Coincidió tal consulta con la tramitación de la ley que tanto ha querido la Procuraduría? He aquí la importancia del documento requerido a la Procuradora.
Las respuestas a las preguntas que anteceden, permanecen en el misterio, porque inexplicablemente, la Procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, demora (sin fundamentar razones legales) la entrega de un documento que podría retratar la fuerza del contubernio.
El Panamá América supo que en los días cercanos a la negativa de la Contraloría, para el refrendo del pago, se dio una reunión de alto nivel entre la Procuraduría y la Asamblea. Se desconocen los detalles de tal encuentro, pero los hechos que sobrevinieron después, podrían dar una idea.
La negativa de refrendo por parte del contralor Weeden se dio el 4 de abril, y ya el 10 la procuradora presentaba ante la Asamblea un Proyecto de Ley cuya aprobación venía acariciando hace bastante. ¿Habrá solicitado la Asamblea en esos días, la opinión de la procuradora sobre los salarios caídos?
La ley que los legisladores aprobaron fue el Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la Administración y esa norma fue tramitada a la velocidad de un bólido en la Asamblea, pese a contener el artículo 70, que después causó estruendo al ser denunciado como violatorio del derecho de información.
La procuradora Alma Montenegro de Fletcher defendió tal artículo rechazando que socave la libertad de expresión y resaltando que los periodistas "tienen derecho a recibir información sin ninguna otra limitación" aparte de aquéllas que se establecen en el nuevo artículo.
Como se sabe, el nuevo artículo entrará en vigencia el próximo año, pero ya las respuestas de la Procuraduría a las peticiones, constatan que las trabas para suministrar información, sin mediar explicaciones legales para tal negativa, siguen siendo rutina en el sector público.
LA RESPUESTA EVASIVA
Adicional a las peticiones formuladas a la procuradora, se optó por tramitar otra petición a la Jefa de Consultas de la Procuraduría, Marta García. Esta carta fue calendada el 6 de septiembre de 2000.
La petición fue del siguiente tenor: "Desde hace meses he intentado saber si a la Procuraduría de la Administración ha ingresado una solicitud para que se emitiera una opinión acerca de la viabilidad del pago para los legisladores en concepto de salarios caídos, o dejados de percibir durante una parte de su período (1994-1999).
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