Como un "escándalo" que lesiona la dignidad de Panamá, calificó el sacerdote Conrado Sanjur la decisión de la Asamblea Legislativa de aprobar un convenio que impide a las autoridades nacionales a llevar ante la Corte Internacional Penal (CIP) a ciudadanos estadounidenses.
A juicio de Sanjur, coordinador del movimiento Alternativa Popular de Panamá (APP), este convenio "fomenta la impunidad ante crímenes de lesa humanidad" porque exonera de responsabilidad y de ser investigados a los estadounidenses que cometan algún tipo de delito relacionado con la violación de los derechos humanos.
En tanto, la vicecanciller Nivia Rossana Castrellón, sostuvo que el acuerdo bilateral no sustrae la jurisdicción y competencia de CIP, sino que en la práctica se debe solicitar una autorización previa al Estado del cual es nacional la persona acusada por delitos de lesa humanidad.
Castrellón afirmó que sólo por medio de la solicitud escrita se puede entregar al ciudadano requerido por la justicia internacional, para que pague por el delito cometido.
"Después de esa notificación se puede entregar a la jurisdicción y competencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos", enfatizó la diplomática. No obstante, para el padre Sanjur la aprobación de este convenio demuestra la contradicción en que incurre el gobierno panameño con respecto a sus relaciones internacionales, ya que este Gobierno alentó con su firma la creación de la CIP y recomendó a una de las integrantes de esta corporación internacional en la figura de la jurista costarricense Elizabeth Odio. Sin embargo ahora, con la aprobación de este acuerdo bilateral con Estados Unidos, se desdice del apoyo que le brindó a la creación de la Corte.
