Uno de los mayores defensores de la limpieza de los polígonos es el ex legislador y catedrático universitario Carlos Arellano Lennox, quien recuerda que en 1977, cuando el Presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter suscribió junto con el extinto General Omar Torrijos Herrera el tratado Torrijos-Carter, le aseguró al pueblo estadounidense que no se utilizarían fondos del presupuesto de su país para sanear los polígonos de tiro.
Esta política fue continuada por los demás presidentes Ronald Reagan, George Bush y Bill Clinton, quienes en ningún momento mostraron interés en incumplir la promesa que hiciera Carter a los Estados Unidos.
Según el también biólogo Arellano Lennox, el dinero utilizado para la limpieza de algunos campos de entrenamiento por los estadounidenses, se obtiene del presupuesto asignado al Comando Sur. Agrega que ello se hizo para evitar la crítica internacional.
Indica que al gobierno de Estados Unidos no le interesa en ningún momento la limpieza de las bases militares. La administración le asigna un presupuesto a los militares y le corresponde a éstos determinar qué porcentaje designarán para la limpieza de las áreas que serán utilizadas para su entrenamiento.
Afirma que Panamá no prestó atención a la promesa que hizo Carter a su país, pues el plan de los militares del norte y de sus homólogos panameños era que a medida que los primeros desalojaran las áreas e instalaciones, los segundos las ocuparían.
De esta manera se dieron las primeras ocupaciones en las instalaciones del área de Amador, hacia donde se trasladó el "Batallón 2000" de las ex Fuerzas de Defensa.
Según Arellano Lennox, todo el plan apuntaba a que los militares tomarían todos los terrenos y algunas zonas serían asignadas para proyectos turísticos y otras actividades.
Afirmó que ante esta actitud de quienes "gobernaban" Panamá, los estadounidenses sintieron que evitarían la limpieza de las áreas utilizadas para prácticas militares.
Señaló que la evasión de la responsabilidad se complicó luego de la invasión a Panamá y el desmantelamiento de las Fuerzas de Defensa, hecho al que siguió un gobierno civil durante el que tomó fuerza el debate sobre la limpieza de las áreas contaminadas con explosivos y sustancias tóxicas.
Arellano Lennox recuerda que el gobierno civil decide darle un nuevo rumbo a las áreas revertidas: la reconversión económica.
Indica que es en ese momento cuando los estadounidenses se preguntan: "¿Dios mío, y ahora qué hacemos?", y es entonces cuando "comienza el problema".
Asegura el catedrático universitario que por nacer de un pacto entre militares estadounidenses y panameños, el punto neurálgico de la responsabilidad sobre la limpieza se encuentra en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos.
Indica que Panamá ha seguido la vía diplomática en sus reclamaciones, pero que le corresponde al gobierno de EU hacer la "triangulación" (Departamentos de Estado y de Defensa-Gobierno de Panamá) para iniciar las conversaciones formales.
Una de las opciones que tiene Panamá para obligar a los Estados Unidos a limpiar las áreas contaminadas es la "Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción", que fue ratificada por la Asamblea Legislativa.
Este convenio, del que Estados Unidos es signatario, da una definición precisa: "Por armas químicas se entiende conjunta o separadamente: Las municiones o dispositivos destinados de modo expreso a causar la muerte o lesiones mediante propiedades tóxicas de las sustancias especificadas".
El documento establece también las obligaciones de un Estado para con otro sobre el tema de la limpieza de los territorios utilizados para depositar estas municiones o dispositivos.
El convenio firmado en Francia obliga, en este caso a los Estados Unidos, a declarar ante los países signatarios, 30 días después del abandono de las áreas contaminadas, si mantiene cualquier arma química o si se deja algún tipo de estas armas en el país afectado.
Además, deberá especificar el lugar exacto donde se encuentran las armas químicas, el lugar donde las abandonó, si es el caso, y entregar un inventario detallado de ellas.
Sobre lo que debe hacer el gobierno panameño para obligar a EU a cumplir con la limpieza de los polígonos, el convenio dice: "Todo Estado Parte en cuyo territorio haya armas químicas de que tenga propiedad o posesión otro Estado, se esforzará al máximo para que se retiren las armas de su territorio un año después, a más tardar, de la entrada en vigor de la presente Convención. Si esas armas no son retiradas en el plazo de un año, el Estado Parte podrá pedir a la Organización y a los demás Estados Partes que le presten asistencia en la destrucción de esas armas".
El caso del panameño Kevin Pérez, quien ha sido la última víctima de municiones sin detonar abandonadas por Estados Unidos en Panamá, es una brasa que se mantiene encendida en la polémica que apenas se inicia sobre la responsabilidad que tiene Estados Unidos en Panamá.
Los otros panameños que han perdido la vida y los ciudadanos que han sufrido mutilaciones, son razón suficiente para los reclamos del país.
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