Un grupo de trabajadores de la Cooperativa de Trabajadores y Expendio de Alimentos Samy presentaron ante la Corte Suprema de Justicia una demanda por daños y perjuicios por un B/.1 millones contra la empresa mexicana ICA-Panamá.
La demanda presentada por los trabajadores se fundamenta en que el día 28 de septiembre de 1999 la cooperativa suscribió un acuerdo de indemnización con la empresa ICA-Panamá por un monto de B/.104,771.
A la vez establece que a la fecha la empresa ICA-Panamá no ha cumplido dicho acuerdo manifestando como excusa que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) no le ha otorgado la autorización para hacer las nuevas estructuras en el Corredor Sur.
Los denunciantes indican que la cláusula cuarta del acuerdo de indemnización es diáfana al prescitar que ICA-Panamá se obliga a garantizar al beneficiario el uso pacífico de un área asignada y especificada en el anexo por todo el tiempo que dure la concesión administrativa del Corredor Sur.
Los trabajadores de la cooperativa explicaron que a raíz de la construcción del Corredor Sur por la empresa ICA-Panamá se ordenó la demolición del local en donde laboraban y que la empresa constructora se comprometió al pago de una indemnización y a la habilitación de un sitio en donde pudieran reanudar operaciones, pero esta situación no se ha cumplido.
También solicitaron se oficie al MOP a fin que remita a la Corte el informe sobre la gestión realizada por la empresa ICA-Panamá en cuanto a la solicitud de cierta área de terreno en el Corredor Sur para que construyeran las estructuras que albergarían las instalaciones del restaurante Don Samy, que era su única fuente de trabajo.
Durante la construcción del Corredor Sur se debió ejecutar el traslado y reubicación de varias familias que residían en el área de la Playita, debido a que el trazado de la vía pasaba por sus propiedades.
