Una querella por calumnia fue presentada ayer contra, Alvin Weeden, contralor de la República, por el secretario de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT), Gonzalo Córdoba, por haberle atribuido una serie de hechos punibles.
El abogado Manuel Bermúdez, representante legal de Córdoba, explicó que el Ministerio Público le corrió traslado al contralor Weeden de una primera denuncia presentada por SENACYT y éste al responder le imputó a su representado la comisión de delitos de usurpación de funciones públicas, abuso de autoridad e infracción de los deberes públicos.
Aseguró que Weeden le imputa a su cliente el delito de abuso de autoridad bajo el argumento que SENACYT no está facultada por ley a crear fundaciones de interés público y menos de carácter privado, y que los fondos de las fundaciones se manejaron financieramente y no fueron incorporados al Presupuesto General del Estado.
Además, estableció que se le imputa el pago ilegal de contratos de servicios profesionales no refrendados por la Contraloría, pagos de viáticos y viajes al exterior sin autorización de la Presidencia de la República por montos superiores a los B/.10,000, sin cumplir con el requisito de solicitud de precio.
Planteó que todas estas acusaciones realizadas por Weeden son falsas y que todas le fueron aclaradas al propio contralor mediante la nota SENACYT-2051-9 de 12 de julio pasado, cuya copia autenticada fue adjuntada a la presente querella.
Añadió que en una nueva nota enviada al procurador Sossa por el contralor también acusa a su cliente de estar nombrado en calidad de profesor universitario por ocho horas y que ha cobrado sin trabajar afectando el patrimonio del Estado.
Una fuente de la Contraloría dijo que Córdoba presuntamente trabaja paralelamente, a tiempo completo, en la Universidad Tecnológica y SENACYT.
Según Ulpiana, la destituida corregidora Sánchez fue "mandada y el que tiene mucha culpa se llama Juan García (director de Legal y Justicia del Municipio de Panamá)".
Relató que García personalmente le dijo que "mientras él estuviera ahí en el puesto, nosotros no comeríamos, no nos meteríamos un pan en la boca".
Agregó que el pasado 9 de agosto cumplieron 27 años de vivir allí, y que el litigio municipal de intención de desalojo había comenzado hace cuatro años.
Tras la destrucción de la casa con una retroexcavadora, los afectados hicieron un pequeño rancho donde están viviendo en precarias condiciones.
Las imágenes de la demolición de la vivienda y la forma violenta como fue desalojada la señora Liberata, de 79 años de edad, que prácticamente está paralítica, causaron conmoción en la ciudadanía.
En tanto, el alcalde Navarro anunció que destituyó a la corregidora encargada de Alcalde Díaz y amonestó al director de Legal y Justicia, Juan García, por la responsabilidad en ambos hechos, pues condenó enérgicamente la forma inhumana como fue desalojada la familia Cáceres y aclaró que desde 1996 la ex alcaldesa Mayín Correa había emitido la orden de demolición.
Indicó que la corregidora actuó en estricto derecho, pero fue sumamente inhumana la forma como se procedió a la destrucción de la vivienda.
Añadió que hará cumplir la ley, sin embargo con "atención, comprensión y compasión por el dolor humano".
El alcalde se comprometió a que actos como éste no se vuelvan a repetir mientras él se encuentre al frente de la comuna capitalina y giró instrucciones a través del director de Legal y Justicia para que los corregidores sean más cuidadosos a la hora de hacer cumplir las órdenes.
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