El gobierno de Martín Torrijos le corresponderá retomar las 50 recomendaciones elaboradas por la Comisión Presidencial para Combatir la Corrupción, designada el 22 de enero de 2002.
El propósito de la Comisión era "valorar las normas y procedimientos de la Administración Pública, identificar aquellas deficiencias o circunstancias que incentiven o permitan su aprovechamiento con fines ilícitos y elaborar las normas, trámites o principios que en todas sus modalidades eviten la práctica de actos de corrupción".
Para una de sus integrantes, la Dra. Aura Emérita de Villalaz, ésta surgió en un momento coyuntural que coincidió con la aprobación de la Ley de Transparencia.
Según Villalaz, la presidenta, Mireya Moscoso, en principio, no recibió las recomendaciones con entusiasmo. "Había recomendaciones que requerían cambios constitucionales, otras, modificaciones legales, otras debían darse a través de medidas administrativas, pero no había mucha receptividad y menos aún la decisión de hacer los cambios a corto, mediano o largo plazo".
Opina que si sus colaboradores la hubieran convencido de comenzar con las más importantes, y luego en un cronograma aceptable avanzar en las otras, se hubieran logrado cambios.
Citó como ejemplos, la ley general de sueldos, para evitar los sueldos privilegiados de los que hacen lo mismo pero tienen sueldos diferentes; eliminar las exoneraciones de impuestos de importación de vehículos y las escoltas a los ex presidentes, y asignarles sueldos a los cónsules para que se evite el enriquecimiento ilícito sobre la base de comisiones por servicios.
Afirma que se requiere más justicia social y equidad, mayor profundización en hacer de la democracia un estilo de vida más real que las promesas y proyectos sin despegar.
La percepción de que el combate de la corrupción no fue una prioridad de la administración Moscoso, fue generalizada.
Según Magaly Castillo, de Alianza Ciudadana, la sociedad civil, en varias ocasiones, le pidió al Ejecutivo y al Legislativo que retomaran las recomendaciones de la Comisión Presidencial, pero no hubo de parte del gobierno la voluntad de emprender las reformas sugeridas. Esta negativa fue, a su parecer, una de las principales razones de la dura sanción al partido de gobierno en las elecciones pasadas.
Sostiene que le corresponderá al presidente Martín Torrijos retomar estas recomendaciones que siguen teniendo gran vigencia.
