Corrupción da pie a ingobernabilidad

EL PRESIDENTE del Colegio Nacional de Abogados, Carlos Vásquez, advirtió que de no haber un cambio de actitud de los operadores judiciales, el país transitaría por senderos graves que lo pueden llevar a la "ingobernabilidad".
Vásquez señaló que el "cáncer social que constituye la corrupción, se ha expandido de tal manera, que es indispensable que se le haga una quimioterapia jurídica profunda para lograr erradicarlo".
Considera que todo lo que se hace para erradicar la corrupción es poco, y que es "preocupante" que los responsables de las investigaciones sean los principales involucrados en actos de corrupción.
Advirtió que las palabras del presidente de la República, Martín Torrijos de que estaba frustrado con la justicia en Panamá, debe ser el "campanazo" para que los regentes del sistema de justicia adopten las medidas de rigor a fin de minimizar esta irregularidad.
Destacó que no se debe entretener a la ciudadanía con casos aislados como los que ocurren en el Ministerio Público, cuando hay otros de gran impacto que ameritan investigación.
"Con esto no queremos decir que no se efectúen todas las averiguaciones de corrupción que se denuncien", dijo.
"Parece que se están apartando los principales casos de corrupción, por situaciones menores", añadió.
Precisó que lo que hace el Gobierno en la actualidad contra la corrupción es poco, por lo que hay que hacer mucho más.
Acotó que lo que se discute en la Comisión de Estado por la Justicia, no debe quedar como buenas intenciones, sino que los resultados se deben llevar a la práctica, sin embargo, reiteró que todo lo que se haga es insuficiente, pues el trabajo que hay que hacer contra la corrupción es profundo.
El pasado 10 de marzo el mandatario Martín Torrijos firmó el Pacto dirigido a la creación de una Comisión de Estado por la Justicia que definirá una agenda de la reforma judicial en un plazo de 180 días.
La Comisión de Estado por la Justicia quedó integrada por representantes de los tres órganos del Estado, la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría de la Administración, la Defensoría del Pueblo y el Colegio Nacional de Abogados.