La época en que sólo el hijo de la cocinera pagaba por los delitos cometidos debe quedar atrás, por lo que se debe sancionar a toda persona que cometa un acto de corrupción, dijo ayer la directora de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, Magali Castillo.
Castillo se refirió de esta manera a la impunidad que percibe la ciudadanía del tratamiento que las autoridades hacen de los casos de corrupción, y precisó que el nuevo informe de Transparencia Internacional ha demostrado que el Indice de Percepción de Corrupción de Panamá ha aumentado, por lo que debe ser tomado muy en cuenta.
"Entiendo que es la opinión de empresarios y personas prominentes de los países, a quienes ellos toman en cuenta para hacer este diagnóstico, pero lo que más preocupa del informe es que en los países donde se percibe más corrupción, es donde hay más pobreza", destacó Castillo.
Criticó la actitud asumida por algunos funcionarios que han desestimado el estudio, porque "quienes lo desconocen pretenden tapar el sol con la mano", sin darse cuenta que se está enviando un mensaje a toda la ciudadanía, sobre todo a los jóvenes, de que el crimen sí paga.
Ayer, varios representantes del Gobierno indicaron que el informe de Transparencia Internacional es producto de una campaña bien montada que busca desestabilizar a la actual administración.
"Son apreciaciones y conceptos que dan distintas organizaciones. Nadie hace denuncias formales, son sólo percepciones. No negamos los hechos de corrupción, pero hay una campaña bien llevada de ver cómo el Gobierno se cae a base de críticas sobre robos, crímenes y no transparencia", denunció ayer el presidente del Partido Arnulfista, Germán Vergara.
Sin precisar de dónde viene esa campaña, Vergara insistió en que los medios tienen un gran poder con capacidad de crear determinada percepción.
"Ustedes tienen un poder tremendo y si ustedes dicen que Germán no es transparente y aunque yo lo sea, ustedes tienen un gran poder y no lo pueden negar", acotó el político.
Señaló que espera que antes que la ley cumpla cinco años, le puedan decir al país que han logrado la reinserción social de al menos del 80% de los menores infractores.
La Ley 40 prohíbe el procedimiento penal contra los menores de 14 años, quienes cuando cometan un delito, deben ser sometidos a un régimen especial de custodia y educación.
Durante el foro de El Panamá América los profesores Raymundo Hurtado y Jaime Ruiz, directores del Artes y Oficios y del Instituto Nacional, respectivamente, expusieron como fórmula principal contra la delincuencia juvenil: educación y disciplina.
Hurtado afirma que todas las iniciativas fracasarán, si no se introducen efectivas mejoras en el sistema y si los entes involucrados no asumen su compromiso con la educación.
Su colega Ruiz indicó que cuando un estudiante va a ingresar al Instituto Nacional, tanto a él como a sus padres se les explican sus derechos, pero también sus deberes. Cuando los estudiantes inician clases, es porque existe un compromiso de respetar el reglamento del colegio.
Ruiz destacó que generalmente se habla de los derechos de los menores, pero también es importante que éstos comprendan que tienne deberes y responsabilidades con el estudio, su formación, su familia y la sociedad.
Afirmó que el régimen disciplinario y la formación que se ofrece a los estudiantes, es lo que hace que no se escuchen noticias de institutores portando armas o participando en reyertas. Su mensaje fue claro: el que comete faltas, debe repararlas.
