A pesar de que el mandatario Juan Carlos Varela prometió respetar la estabilidad de los funcionarios, en la práctica no ocurrió así, lo que obliga a exservidores a recurrir a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia para exigir su prima de antigüedad e indemnización.
Documentos a los que tuvo acceso Panamá América indican que la instancia judicial acogió al menos seis peticiones, en las cuales los despedidos pedían el pago de sus derechos.
Entre los antiguos funcionarios que recurrieron al poder judicial para reclamar sus derechos están: Alfonso Lasso, quien laboraba para el Banco de Desarrollo Agropecuario, como analista de carrera crediticia con funciones de jefe del Departamento de Proveeduría.
Lasso fue destituido el 28 de julio de 2014.
El exfuncionario pide al Estado 3 mil 284 dólares como indemnización, más 9 dólares con 60 centavos en concepto de prima de antigüedad.
Otro de los expedientes acogidos por la Sala Tercera de la Corte Suprema es el de César Maure, destituido el 30 de julio del año pasado del Ministerio de Desarrollo Agropecuario.
Juana Pascual, secretaria del Municipio de Penonomé, también fue despedida, según ella, sin justificación el 2 de julio del año 2014 y presentó, a través de su abogado, la solicitud que fue acogida por la Sala.
Igualmente, Maryorie Luna Sánchez, asesora legal de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), fue despedida el 7 de enero de este año.
La abogada presentó su demanda basada en la Ley 39 de 2013, que establece que todo servidor público despedido sin justificación tiene derecho al pago de indemnización y prima de antigüedad.
Uno de los casos más publicitados fue el de la ex Miss Reef, Wendy Patricia Sagel, quien laboró como abogada para la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).
Sagel le exige a la entidad el pago de 6 mil 241 dólares, más prima de antigüedad, XIII mes proporcional y vacaciones.
La antigua reina de belleza trabajó como abogada para el Departamento de Control y Marina Mercante de la institución, hasta que fue destituida el 15 de julio del año pasado.
Entre tanto, el 18 de marzo de este año, la Dirección de Recursos Humanos de la institución envió una nota a una exservidora, en la cual le informaban que los auditores le hacían el cálculo de su indemnización y cuando estaría lista se comunicarían con ella.
Norma vigente
El artículo 1 de la Ley 39 del 11 de junio de 2013 establece que todo servidor público, sea permanente o eventual, que sea despedido sin causa justificada, tendrá derecho al pago de una prima de antigüedad, mientras que el número 2 obliga a cancelar una indemnización a los exservidores.
Los exfuncionarios acusan al Gobierno de no querer reconocer sus derechos.
Decreto 52
- El mandatario Juan Carlos Varela derogó el Decreto Ejecutivo 52 que reglamentaba la Ley 39 del 11 de junio de 2013 que obligaba a pagar indemnización a los empleados públicos despedidos sin causa justificada. Con la decisión, el Ejecutivo sacó un as de la manga para pagar a los antiguos trabajadores mediante varios pagos y no inmediatamente, como lo establecía el Decreto Ejecutivo número 52.
- Entre los beneficios que ya no recibirán los ex servidores públicos es que si renuncian no tendrán derecho a indemnización alguna y solo al pago de sus vacaciones en el caso de que las tengan vencidas.
