La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia señaló como buena la admisión de la demanda contenciosa-administrativa por B/.850, 174, 334.14, que fue interpuesta contra el Estado panameño por el Grupo F. Internacional, S.A.
El Grupo Figali demandó al Estado porque en el contrato que hizo con la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), no le advirtieron que bajo sus terrenos existían instalaciones telefónicas que le impedirían cualquier construcción.
Los magistrados Winston Spadafora y Adán Arnulfo Arjona admitieron la demanda por supuestos daños a causa de una presentación defectuosa del servicio público.
El procurador de la Administración, Oscar Ceville, apeló la demanda al considerarla no viable. Señaló que el Grupo F debió agotar la vía gubernativa si había alguna violación del contrato.
