La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia admitió una querella criminal contra el gerente de la Zona Libre de Colón, Jorge Fernández, por los delitos de abuso de autoridad y extralimitación de funciones en perjuicio de la empresa Universal Princess S.A. por haber rescindido de manera irregular un contrato de arrendamiento para beneficiar a otra compañía.
Bajo la ponencia de la magistrada Graciela Dixon, el fallo establece que de las piezas probatorias se desprende que la empresa querellante cuenta con legitimación activa para ejercer la acción penal y las pruebas aportadas cumplen con los requisitos exigidos por la ley de procedimiento penal.
El proceso contra el gerente de la Zona Libre de Colón se inició a raíz de una denuncia presentada por los propietarios de Universal Princess S.A., tras rescindir un contrato de arrendamiento firmado en julio de 1999, cuya fecha de vencimiento era el 30 de junio del 2014.
En la denuncia se establece que los terrenos dados en arrendamiento están ubicados en un lote localizado entre calle C y 14 de la ciudad de Colón y en junio del 2000 se obtuvieron los permisos correspondientes para la demolición de las estructuras existentes en el lugar.
Sin embargo, mediante resolución No. 029 de febrero del 2001, la administración de la Zona Libre de Colón rescindió el contrato de arrendamiento, anuló la clave de operaciones otorgada a la empresa y omitió dolosamente las notificaciones de acuerdo a las normas que para tal actuación se encuentran vigentes.
También se estableció que contra la citada resolución se presentó un recurso de apelación y un incidente de nulidad que fueron resueltos por el gerente de la zona franca Jorge Fernández, sin estar facultado para ello.
Posteriormente Fernández firmó contrato de arrendamiento con la empresa Maritime Tower Shipping Company sobre el mismo terreno que le había sido arrendado a Universal Princess S.A., cuando aún existían recursos pendientes de resolver.
Ayer el abogado Alexis Sinclair, representante legal de Universal Princess S.A., presentó un impulso procesal ante la Fiscalía Primera Anticorrupción para que se inicie la instrucción sumarial contra Fernández, debido a que a la fecha el Ministerio Público no ha tomado ninguna acción judicial, a pesar que la resolución emitida por la Sala Penal de la Corte así lo ordena.
Durante el proceso, el procurador general de la Nación, José Antonio Sossa, emitió opinión ante los magistrados de la Sala Penal, en donde solicitaba el archivo del proceso, pues, a su juicio, los elementos presentados no llegaban a la categoría de prueba.
En tanto el gerente de la Zona Libre de Colón, Jorge Fernández, aclaró que en todo momento su administración ha cooperado con el proceso legal instaurado por los representantes legales de la empresa Universal Princess S.A. ante la Procuraduría General de la Nación.
Indicó que todo proceso de adjudicación de un lote conlleva un procedimiento particular, que es llevado por el Comité Ejecutivo de la Junta Directiva de la zona franca. Advirtió que no es particularmente el gerente general de la administración el que toma las decisiones.
"De ahí que todas las decisiones de este cuerpo colegiado estén fundamentadas en Derecho y no son producto de arbitrariedades o decisiones personales", recalcó.
La empresa Universal Princess alega que ha sufrido perjuicio por miles de balboas, ya que en el momento en que se anuló el contrato realizanban obras de demolición y edificaciones al proyecto.
