La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia admitió un recurso de apelación a la empresa Panama Ports Company (PPC) contra la resolución emitida el pasado 4 de abril de 2006.
Esta resolución no le permite participar a la empresa en el pliego de cargos para la precalificación de la licitación del megapuerto que se establecerá en el sector costero de Farfán.
El recurso fue interpuesto por la firma Watson & Watson, al no permitir que PPC participe en la licitación pública No. LP1001 de 2006, realizada por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).
La concesión establece el diseño de construcción, operación, administración y mantenimiento de la terminal de contenedores.
La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo en un fallo anterior, no admitió la advertencia de ilegalidad presentada por PPC.
Esta empresa de contenedores interpuso un recurso de Amparo de Garantías Constitucionales contra la decisión establecida por la AMP, de que ningún operador que mantenga operaciones portuarias en el Pacífico panameño podrá participar del acto público.
La empresa portuaria señaló en el recurso interpuesto que esta decisión era considerada un acto discriminatorio en su contra.
Denunciaron que hay un pre-juzgamiento sin fundamento legal alguno para ello, lo que afecta sus garantías constitucionales.
Panama Ports argumentó que se está atentando contra la seguridad privada.
En el pliego de cargos que fue retirado por 27 empresas, se estableció que el "Estado podrá descalificar las propuestas que pudieran implicar la contratación de monopolios, que pueda restringir, disminuir o vulnerar la libre competencia y la libre concurrencia económica, creando distorsiones en el mercado".
Nuevamente la Sala Tercera entrará a analizar la apelación de PPC, en este litigio que mantiene con la AMP
La primera fase del proyecto tiene un costo de 600 millones de dólares. Expertos pronostican que el movimiento alcanzará 10 millones de contenedores para el 2010.
