La Corte Suprema de Justicia mantiene dos investigaciones contra los diputados Enrique Garrido y Osman Gómez, por la supuesta utilización de bienes del Estado para proselitismo político y la compra de votos para los comicios electorales del 2 de mayo del 2004.
La denuncia contra el diputado Garrido se fundamenta en la supuesta utilización ilegítima de bienes y recursos del Estado para la compra de votos en favor del oficialismo de la Comarca Kuna Yala.
Mientras que en el caso del diputado Osman Gómez se le atribuye la utilización ilegítima de bienes y recursos del Estado a favor de candidatos o partidos políticos durante las elecciones del mismo período.
En el caso de Garrido, el expediente quedó en manos del magistrado Winston Spadafora y el de Gómez en el magistrado Aníbal Salas.
