Nuevamente la fiscalía Primera Anticorrupción, obtuvo un revés en el Segundo Tribunal Superior de Justicia de la Corte Suprema, al declararse mediante un fallo la nulidad del proceso en el caso PECC y se ordenase su archivo.
La fiscalía había solicitado continuar con las investigaciones al resto de las personas vinculadas en este expediente por una supuesta lesión patrimonial causada a raíz de la citada concesión, a la vez pidió el archivo del caso en donde se investigó al ex presidente Ernesto Pérez Balladares.
El fallo responde a la apelación presentada por la firma Watson & Asociados que representa a Sabina González, quien aparece mencionada en las sumarias, como la persona que labora y es socia fundadora de la firma forense Torrijos y Asociados.
La firma aparece vinculada a la concesión de PECC, ya que uno de sus principales socios, Hugo Torrijos en ese entonces administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) aparecía señalado en las investigaciones por otorgar la concesión.
El Segundo Tribunal de Justicia resolvió declarar la nulidad bajo la ponencia del magistrado Andrés Almendral, la firma de la magistrada Elvia Batista y el salvamento de voto del magistrado Luis Mario Carrasco, basados en que era inaceptable que pudiera fraccionarse la investigación.
En el 2004 se había declarado la nulidad y archivo del mismo caso en el que se investigó a Pérez Balladares, luego de resolverse un amparo de garantías constitucionales donde se encontró un vicio en las pruebas aportadas, además no se halló ninguna conducta de enriquecimiento ilícito provocada a raíz de la concesión otorgada a PECC.
Los magistrados en este nuevo fallo a favor de Sabina González explicaron que no se podía separar el vicio de las pruebas encontradas en el 2004, en detrimento de las demás personas vinculadas en la investigación. "Si fueron decretadas ilícitas, entonces resultan ilícitas para todos y no para uno en especial", como fue lo resuelto en el fallo a favor de Pérez Balladares.
Argumentaron que en este expediente ninguna de las personas investigadas representaba conductas de enriquecimiento ilícito.
Por su parte, el magistrado Luis Mario Carrasco, quien hizo salvamento de voto, destacó que debía llamar la atención, ya que el proyecto puesto en circulación declara nula toda la investigación criminal y ordena el archivo inmediato de todo lo actuado, a pesar que la fiscalía no se ha pronunciado en su tarea de calificar el sumario.
La firma Watson criticó que pese a lo resuelto por el Pleno de la Corte, la fiscalía solicitó al juez que ordenara el archivo del expediente y que le autorizara investigar al resto de las personas entre estas a Sabina González, por lo que se pidió la revocatoria de la resolución.
Recordemos que a mediados de octubre de 2003, el contralor Alvin Weeden ordenó la cautelación de la administración, así como de los bienes, muebles y dineros pertenecientes a PECC, hasta la suma de 6.7 millones de dólares por supuesta lesión patrimonial.
Ordenó además la cautelación de bienes, inmuebles y dineros de Hugo Torrijos Richa, al igual que del ex administrador de la AMP, Rubén Reyna.
