Después de un año y medio de inactividad, una propuesta que circula en el pleno de la Corte Suprema de Justicia busca revivir el Pacto de Estado por la Justicia.
La iniciativa, que presentó a sus colegas el magistrado Harley Mitchell, establece que el Pacto de Estado debe operar, ya que fue un compromiso de Estado para mejorar la administración de justicia, sin importar si funciona con financiamiento interno, externo o por donaciones de organismos internacionales.
Con esta propuesta, la Corte busca que los mismos organismos que integraron la Comisión de Estado por la Justicia vuelvan a reunirse, pero también se abre el compás para que se inviten a otros grupos como el Consejo Nacional de la Empresa Privada, Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá y la Asociación de Jueces y Magistrados del Órgano Judicial.
El documento establece, además, que el Pleno debe propiciar una jornada de debates con estamentos judiciales, el Colegio Nacional de Abogados, las facultades de derecho y organismos de la sociedad civil para discutir si es necesaria la reactivación.
También sugiere que se realice una reunión con los presidentes de cada órgano del Estado, para analizar el relanzamiento o reactivación del Pacto de Estado.
Adicional a la reactivación del Pacto de Estado, Mitchell incluyó en la propuesta que se cumpla con los programas que establecieron algunos organismos internacionales, que buscan mejorar la administración de justicia.
Algunas de estas son el programa de transparencia y rendición de cuentas de la USAID; la estructura de gestión administrativa de la Unión Europea, que consiste en medidas legales o administrativas para descargar al juez de funciones administrativas y de gestión, entre otros.
La propuesta recibió el aval de la mayoría de los representantes de las organizaciones que integraron la Comisión de Estado.
Para Carlos Lee, de Alianza Ciudadana Pro Justicia, esta propuesta es una buena iniciativa que espera acoja el pleno de la Corte.
“Hay compromisos del Estado con organismos internacionales y esta es una buena dirección para honrarlos”, enfatizó.
Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados, Rubén Elías Rodríguez, dijo que están interesados en que se reactiven las reuniones.
Agregó que el Pacto es una entidad acreditada para colaborar con las reformas constitucionales, que se discuten actualmente y que incluso se pueden presentar propuestas para mejorar la administración de justicia.
Al respecto, el procurador de la Nación, José Ayú Prado, prefiere esperar la decisión del pleno de la Corte para emitir una opinión.
Se trató de contactar infructuosamente al procurador de la Administración, Óscar Ceville, quien es el coordinador del Pacto.
El Pacto se creó en el 2005, durante la administración de Martín Torrijos, con el fin de mejorar la administración de justicia, pero en el actual gobierno, las reuniones cesaron, luego de que el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, calificó el Pacto como un tema político.
Las conversaciones fueron disminuyendo poco a poco y ya hace más de un año y medio que no se reúnen, a pesar de que algunos de los miembros han enviado notas al coordinador -el procurador Ceville- para que se convoquen nuevas reuniones, pero las respuestas han sido nulas.
En el Pacto se elaboraron 27 propuestas para mejorar la justicia, de las cuales pocas se cumplieron totalmente. Por ejemplo, el nuevo Sistema Penal Acusatorio y las reformas al Código Penal son algunas de las propuestas aprobadas.
