La Corte Suprema de Justicia confirmó un fallo del Primer Tribunal Superior de Justicia en donde se ordenó la práctica de una diligencia exhibitoria dentro de tres empresas dedicadas a la venta de autobuses, por un presunto fraude perpetrado en perjuicio de transportistas de la ruta Ciudad del Futuro-Vacamonte.
La diligencia, que fuera solicitada por la firma de abogados Cochez-Pages-Martínez, se originó a raíz de la venta de 14 autobuses cuyos motores no contaban con las especificaciones establecidas en el contrato de compra y venta original.
Las irregularidades en las especificaciones de los vehículos de transporte colectivo provocó perjuicios a los transportistas, quienes al poco tiempo confrontaron graves daños mecánicos y se vieron obligados a presentar una denuncia penal contra las personas implicadas en la venta de los autobuses.
A raíz de esto, el Juzgado Tercero Municipal fijó fecha de audiencia contra cuatro personas por el presunto delito contra el patrimonio en perjuicio de un grupo de transportistas a quienes vendieron el lote de 14 autobuses.
Dentro de la denuncia se pidió investigar la actuación de la personera Segunda Municipal, Iris Abrego de Araya, dentro de las sumarias instruidas por su despacho en este caso, en donde no ejecutó una ampliación ordenada por el tribunal.
El abogado Víctor Martínez, representante legal de los transportistas de Vacamonte, precisó que según el contrato suscrito para la adquisición de los autobuses, éstos contaban con un motor marca Hino, pero tras una revisión se comprobó que en realidad el motor correspondía a la marca Asia.
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