La exfiscal segunda anticorrupción Lizzett Chevalier podría enfrentarse a una investigación administrativa y penal por la supuesta coacción y abuso de autoridad durante la indagatoria del exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN), Giacomo Tamburrelli.
Tras conocerse que Tamburrelli fue amenazado por la fiscal Chevalier y su secretario, David Garay, para hacer que cambiara su declaración y acusara al expresidente de la República Ricardo Martinelli, la procuradora general Kenia Porcell tendría que iniciar una investigación administrativa contra la funcionaria.
“Lo que podrían hacer las partes afectadas es presentar una denuncia administrativa o penal, que puede durar algunos meses”, instruyó el abogado Ernesto Cedeño.
No obstante, otros conocedores del derecho señalan que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene la obligación de investigar las presiones y amenazas que recibió Tamburrelli durante su comparecencia.
El abogado Sidney Sittón explicó que el proceso que se le sigue al exdirector del PAN debe ser nulo porque la indagatoria se dio bajo coacción y amenazas.
“La Constitución dice que quien declara siendo un indagado está libre de apremio y juramento; ningún funcionario instructor debe intimidar o coaccionar a un indagado”, argumentó el abogado Sittón.
Añadió que la procuradora general de la nación, Kenia Porcell, tendrá que producir una investigación inmediata para deslindar responsabilidades de lo fijado en el expediente.
En el desglose del expediente presentado ante la Corte, que pide levantar la inmunidad del expresidente de la República Ricardo Martinelli, también sería negada la petición, pues la indagatoria fue basada en una declaración que sería nula.
Los juristas coinciden en que si hubo una interrupción y amenazas por parte de los fiscales, entonces se vició la voluntad de quien estaba declarando.
El exprocurador Rogelio Cruz sostuvo recientemente que si se consideraban las declaraciones de Tamburrelli como válidas, “sería muy prematuro llegar a conclusiones porque habría que esperar que la investigación tocara fondo”.
Añadió que “hay conductas que me dicen que se están haciendo las cosas apresuradamente, y los jueces están obligados a actuar de manera escrupulosa”.
A su vez, el abogado Alejandro Pérez sostiene que en la denuncia interpuesta para el caso que se le sigue a Tamburrelli se ve cómo fue viciado todo el proceso.
“A una persona en su declaración indagatoria no se le puede siquiera sugerir respuesta, y se le acusó con la finalidad de involucrar a Martinelli”, destacó.
Afirma que la Corte debe considerar el escrito presentado por la defensa de Tamburrelli, y la formulación de cargos a terceros que hizo Tamburrelli bajo coacción y amenazas.
Ayer el expresidente de la República Ricardo Martinelli reiteró la petición al presidente Juan Carlos Varela de no intervenir en el sistema de justicia.
“Dos cosas recomiendo al presidente Varela: 1. deje el odio, no amañe expedientes, no persiga políticamante, póngase a trabajar; 2. cambie su Gabinete”, escribió en Twitter.
