Datos
- 21 millones de dólares, supuesto movimiento injustificado.
- 15 es la cantidad de imputados en este proceso judicial que están en la Corte.
La Sala Segunda de lo Penal, de la Corte Suprema de Justicia, se acogió al término de los 30 días hábiles para decidir el futuro del proceso judicial en contra del expresidente de la República Ernesto Pérez Balladares y de otras 14 personas, por el delito de lavado de dinero.
El juzgado noveno de circuito decidió archivar este expediente, medida que fue confirmada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, por lo que ahora le queda a la Corte determinar si existen méritos para reabrir el caso o decretar el sobreseimiento definitivo de Pérez Balladares y los demás imputados.
Este proceso guarda relación con el contrato de 500 máquinas tragamonedas que el Estado suscribió con la empresa Lucky Games, el cual se pactó durante la administración de Ernesto Pérez Balladares.
La audiencia de casación fue presidida por el magistrado Harry Díaz y los magistrados suplentes Gabriel Fernández y Abel Zamorano, todos integrantes de la Sala Segunda de la Corte.
Roberto Moreno, fiscal contra la delincuencia organizada, como la parte acusadora, sustentó la necesidad de que se reabra el caso, porque se ignoraron los informes periciales de la Unidad de Análisis Financiero, en los cuales se sustenta la comisión del delito.
Explicó que en estos informes, que fueron corroborados por los peritos de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), lograron establecer la existencia de transacciones millonarias indebidas que la empresa Lucky Games movió hacia una segunda sociedad anónima denominada Shelf Honding, a la que se vincula como dignatario al expresidente Pérez Balladares.
En la vista fiscal elaborada por la Fiscalía contra a Delincuencia Organizada se mencionó que estos fondos fueron por el orden de los 21 millones de dólares.
La posición de la Procuraduría General de la Nación se dio a conocer en la audiencia en duros términos, al calificar que se está ante un delito que se origina a través de la corrupción.
El fiscal de litigación Edward Acevedo representó a la Procuraduría y destacó que la investigación que hizo la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada logró establecer “el uso del cargo para intereses personales”, en abierta alusión al gobierno que presidió Ernesto Pérez Balladares durante el periodo de 1994 a 1999.
Carlos Carrillo, abogado defensor, planteó en este proceso de casación que la fiscalía presentó pruebas que en su momento fueron analizadas por las dos instancias judiciales que decretaron el archivo del expediente.
Mientras, Guillermina Mc Donalds, abogada de Pérez Balladares, dijo que para que haya un delito de lavado de dinero debe haber la obtención de capital por medio de una actividad ilícita, la cual no se ha podido acreditar en las investigaciones del Ministerio Público.
