La Corte Suprema de Justicia declaró ilegal la orden de arresto emitida contra el concejal de la provincia de Colón, Clinton Rodríguez Vega, bajo el argumento que el fiscal auxiliar no está facultado para arrestarlo y separarlo del cargo.
Trascendió que la decisión de la máxima corporación de justicia podría ser extendida al resto de los concejales del Municipio de Colón, a quienes se les aplicó las medidas cuatelares de provincia por cárcel e impedimento de salida del país por estar presuntamente implicados en fraude a través de la emisión de bonos por un monto de B/.300 millones.
De acuerdo con el fallo de la Corte, los concejales no son legalmente responsables por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de su cargo y merecen consideración y respeto por parte de las autoridades civiles y militares, y no podrán ser detenidos sino mediante orden escrita de un funcionario competente del Organo Judicial.
Agrega que éstos deberán ser suspendidos por el mismo Concejo cuando el miembro culpable sea sancionado con pena privativa de la libertad y por la autoridad competente, siempre que la sentencia en que impuso la pena se encuentre ejecutoriada.
Los abogados defensores de los concejales colonenses expresaron que el fallo debe ser aplicado al resto de sus clientes que fueron separados del cargo y les aplicaron medidas restrictivas de su libertad.
Entre los concejales que se encuentran bajo investigación se encuentran Gerardo Rentería, Istmeño Avila, Edilberto Ballesteros, Felipe Barrios, Marcos Hughes, Santo Domingo Sossa, Felipe Daniels y Jaime Luna.
A los concejales se les sindica por los delitos contra el patrimonio, contra la seguridad colectiva, asociación ilícita para delinquir y contra la fe pública. No obstante, existen otros investigados que a la fecha no han comparecido y están prófugos de la justicia.
El supuesto fraude fue puesto en evidencia, cuando agentes del Bureau Federal de Investigaciones (FBI) detectaron los bonos y requirieron información sobre su autenticidad cuando se intentó colocarlos en el mercado norteamericano.
Aún permanece separada del cargo la alcaldesa de Colón, Matilde Rosales de Ardines, también bajo investigación por parte de la fiscalía.
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