La Corte Suprema de Justicia declaró legal la orden de arresto emitida contra los directivos del Grupo Adelag, Carlos y Aquilino De La Guardia, mientras que se concedió una medida cautelar a favor de Epiménides Díaz por su presunta participación en la quiebra fraudulenta de ese grupo de empresas.
La máxima corporación de justicia estimó que la orden de arresto emitida contra los hermanos De La Guardia es conducente con las investigaciones adelantadas por la fiscal decimocuarta de circuito, debido a que durante la instrucción sumarial se logró establecer una lesión patrimonial de B/.12 millones contra diversas instituciones bancarias.
Los magistrados estimaron que la tesis presentada por los abogados de los sindicados, en cuanto a la orden de arresto no es procedente, debido a que a la fecha el juez civil que lleva el caso no ha declarado la quiebra de las empresas.
En este sentido, señalaron que la jurisdicción penal puede conocer un delito de quiebra sin el pronunciamiento del juez civil en donde se exprese que es de carácter fraudulenta, pues para tales menesteres tan sólo basta la declaratoria de quiebra, sin calificativo del juez civil.
La fiscalía inició la investigación contra los directivos del Grupo Adelag, luego que una serie de bancos solicitaran al juzgado declarar en quiebra a las empresas Financiera El Roble, El Triángulo S.A, Tecno Auto S.A. y El Eléctrico Internacional S.A.
A raíz de las pesquisas iniciadas por el Ministerio Público se ordenó el impedimento de salida del país de los hermanos De La Guardia y de Epiménides Díaz, pero los dos primeros lograron abandonar el territorio nacional.
En la investigación los peritos del Ministerio Público señalaron la inexistencia de libros contables de las empresas para poder obtener información sobre los movimientos de las cuentas y el destino final de los fondos.
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