La Corte Suprema de Justicia declaró legal el arresto de Delia Lineth Rodríguez, y le impuso la medida cautelar de impedimento de salida de la provincia de Panamá, dentro de las investigaciones adelantadas por la Fiscalía Primera Anticorrupción por el delito de peculado en perjuicio de la Asamblea Legislativa.
La máxima corporación de justicia decidió sustituir la detención preventiva por la medida cautelar de impedimento de salida del país, tras establecer que la investigada no pretende abandonar el país y está en disposición de atender el proceso.
Rodríguez laboraba en la Asamblea Legislativa, y de acuerdo con la investigación desarrollada por la fiscal Cecilia López, ésta se encuentra implicada en un peculado que ocasionó una lesión patrimonial por un monto de B/.31,000.
Según las pesquisas realizadas, la irregularidad consistió en la suscripción de una serie de contratos a personas que nunca laboraron en la Asamblea Legislativa, no obstante, se efectuaron los pagos correspondientes a través de cheques.
En la instrucción sumarial se determinó mediante una auditoría especial la existencia de irregularidades en el pago de los contratos de servicios profesionales No. 228 y 917 correspondientes a la planilla 172 de la Asamblea Legislativa, dentro del período comprendido entre el 1 de enero al 31 de agosto del 2,000.
Dentro de la auditoría se detectó el contrato No. 228 por el cual se ubicó a Nicolasa Sianca Cianca, como analista de presupuesto de la Asamblea Legislativa, pero dicha persona nunca prestó servicios en esa institución.
No obstante, en su declaración Sianca explicó que para el período a que se refiere la contratación, ella laboraba como doméstica en la residencia de Lineth Rodríguez y que firmó el contrato antes mencionado por instrucciones de su patrona.
También señaló que luego le suministraron varios cheques que fueron cambiados en el Banco Nacional, pero que el dinero se lo entregó a Lineth Rodríguez.
El agudo comentarista político subrayó que lo que está en juego para los reformistas, no son los intereses del país y de sus sufridos ciudadanos, sino que juegan como siempre, es a ver cómo sobreviven en las espaldas de otros, y para ello le es imprescindible mantener la actual Constitución impidiendo la posibilidad de que el pueblo se dicte su propia norma fundamental.
Los defensores de la Asamblea Nacional Constituyente señala el jurista no pretendemos "modernizar" o "perfeccionar" la Constitución militarista, ni mucho menos solucionar lo que ellos denominan problemas globales ético-culturales, adjudicando así al pueblo panameño una cultura de corrupción.
No conforme con sus desatinos, los detractores de la Constituyente solicitan que, para avanzar hacia una Constituyente, se debe demostrar que lo medular de la actual Constitución es lo inapropiado. Lo que habría que demostrar, y en nuestro caso es innecesario por obvio, es que la sociedad que tenemos no funciona.
Los adictos al "statu quo", reducen el problema actual a una profunda crisis de moral pública que, por demás, responde, según su entender, a problemas éticos-culturales de nuestro pueblo.
La que es verdaderamente profunda es la crisis política, económica y social en la que han hundido a nuestro pueblo, y de la que sólo podremos intentar salir aireando públicamente nuestros problemas fundamentales a través del debate constituyente, para luego dotarnos, entre todos, de una suprema norma de convivencia política, social y económica.
Para el jurista Bernal hay muchos correctivos que deben tomarse siendo los fundamentales los cambios en las estructuras políticas -constitutionales, electorales, en cada uno de los Organos -Legislativo-Judicial y Ejecutivo, así como en el Ministerio Público que no pueden esperar más.
Creo que todos los ciudadanos estamos de acuerdo en eliminar de raíz los privilegios e impunidades de las que disfrutan nuestros "representantes", obligándolos además a dar cuenta pública de todos sus actos. Nadie se opondrá a la creación de mecanismos que permitan el ejercicio democrático del referéndum para todos los asuntos que se refieran a la soberanía, la jurisdicción y los bienes públicos, constitucionalizando además la obligación de hacer retornar lo privatizado al patrimonio del Estado.
