Corte dispuesta a que se discuta el fallo CEMIS

Aunque los magistrados están impedidos para hablar sobre los casos que atienden, en el seno de la Corte Suprema de Justicia hay una tendencia a un debate público con las corrientes a favor y en contra del fallo sobre el caso CEMIS. Una alta fuente judicial le confió a El Panamá América que en el debate o foro que se haga sobre este tema no participarán los magistrados de la Corte, sino juristas que compartan la decisión de la máxima corporación de justicia de anular el proceso y abogados que se opongan al fallo.
Sostuvo que ambas corrientes deben sustentar jurídicamente su posición, pues esa debe ser la esencia de la discusión.
Aseguró que ello puede ser posible porque Panamá vive un ambiente democrático donde los fallos de los tribunales, y de forma exclusiva los que emita la Corte Suprema que son de interés nacional, “pueden ser discutidos, debatidos, rechazados o aprobados por la opinión pública”.
La fuente reveló que hay malestar en la esfera judicial por las críticas del presidente del Colegio de Abogados, Carlos Vásquez Reyes, hijo de Marisol Reyes de Vásquez, ex magistrada y ex presidenta de la Corte.
Recordó que en los tiempos de la dictadura se emitían fallos que eran aceptados “en silencio por los gremios, sobre todo por el Colegio de Abogados, y nunca salieron a pedir su revocatoria y mucho menos a la destitución o renuncia de los magistrados”.
Afirmó que ello fue así pese a que eran sonados casos, incluso de “violación de los derechos humanos”.
Se informó que el objetivo del debate, con sus pro y contras, es que la opinión pública determine si el caso CEMIS fue fallado arbitrariamente, o por el contrario, se ajustó al derecho vigente.
Indicó que tanto la Asamblea Legislativa como el Ministerio Público y la Corte, son los responsables de que se declarara la nulidad de todo el proceso y el archivo del expediente.
La propuesta del foro, afirmó, es que se determine si la Corte puede fallar violando el debido proceso, o por razones políticas, económicas y de opinión pública se debe llevar un proceso hasta las últimas consecuencias legales.
Busca, además, determinar si por el contrario se debe sancionar a los funcionarios del Organo Judicial, del Ministerio Público o de la Asamblea que causan que una investigación no tenga éxito por violar las normas legales.
Sobre la posibilidad de la renuncia de los magistrados, dijo que es “imposible, no camina; no renunciarán, pues es como hacer renunciar a los legisladores”.