El magistrado Adán Arnulfo Arjona sustentó que no hubo infracción en las grabaciones telefónicas realizadas en el 2005 por el Ministerio Público, porque estas fueron autorizadas por la víctima del delito que se investigaba.
Así mismo, la magistrada Esmeralda de Troitiño no comparte la decisión de inconstitucionalidad de los pinchazos autorizados por la Procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez que sirvió como prueba para arrestar al ex fiscal Arquímedes Saéz.
El fallo tuvo el respaldo de siete magistrados, cuyo ponente fue Winston Spadafora. Su colega Arjona sustentó que el Ministerio Público actuó conforme a un acto judicial, tal como actúa un tribunal. Y que la intercepción de llamadas constituye una herramienta legal en un proceso penal.
