Al parecer la Corte Suprema de Justicia ha sido el mayor obstáculo para que la Contraloría de la República pueda investigar los enriquecimientos injustificados de los empleados y agentes de manejo.
Según el contralor, Alvin Weeden, la Ley 59 de 29 de diciembre de 1999, relativa a la declaración jurada de bienes de los funcionarios públicos, es en parte ley muerta, precisamente porque al final la Corte le trunca a la Contraloría el derecho a investigar.
Es por eso, según Weeden, que se hace necesaria una ley que dé mayores acciones de oficio a esta entidad, para poder investigar los casos de enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos.
Weeden recordó las investigaciones seguidas al juez marítimo Calixto Malcom, procesado para determinar si la posesión de sus bienes superaba a los que podía tener de acuerdo con sus posibilidades económicas y no pudiese justificar su origen.
Esta investigación, aseguró Weeden, se vio truncada por una decisión de la Sala Segundo de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, que declaró la nulidad de lo actuado en la denuncia presentada por la Asociación Panameña de Derecho Marítimo contra el juez y se ordenó a la Contraloría el archivo del expediente.
A juicio de Weeden, la Ley 59 de 29 de diciembre de 1999 es letra muerta por esta situación.
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