El Panamá América
La Corte Suprema de Justicia no admitió una advertencia de inconstitucionalidad presentada por el Ministerio Público contra el Decreto Ejecutivo No. 201 de agosto de 1999, expedido por el entonces presidente Ernesto Pérez Balladares, por el cual se le concedió un indulto a la ex magistrada del Tribunal Electoral, Yolanda Pulice de Rodríguez, a Francisco Flores, Myrta Alicia Vallejos de Quiroz y Marcela Avila de Robinson.
Mediante una advertencia presentada por el fiscal segundo de circuito, Luis Martínez, el Ministerio Público objetó el indulto dado por Pérez Balladares a favor de Yolanda Pulice de Rodríguez y el resto de los beneficiados.
Según la máxima corporación de justicia, la advertencia presentada por Martínez resulta inadmisible, toda vez que el decreto impugnado ya ha sido objeto de análisis.
Agrega que al momento de recibirse el indulto el citado proceso judicial se encontraba en etapa de ejecución en la cual pudo haber sido apelada, pero esta gestión no se ejecutó.
A la vez señala que es potestad del Presidente de la República, el dictar decretos de indulto y que éstos no son susceptibles de ser recurridos mediante una advertencia de inconstitucionalidad ante ese ente de justicia.
A Yolanda Pulice de Rodríguez, Francisco Flores y Marcela Avila de Robinson se le imputaban los delitos de falso testimonio y corrupción de funcionarios, durante su gestión como empleados del Tribunal Electoral.
La ex magistrada fue la encargada de la verificación de las elecciones en 1989, que mediante artimañas fueron adjudicadas al candidato de los militares, pero luego de la invasión de Estados Unidos a Panamá se le otorgaron al opositor Guillermo Endara.
Los funcionarios del Ministerio Público han presentado una serie de recursos contra los indultos otorgados por Pérez Balladares durante su gestión, pero la mayoría de éstos no han prosperado ante los tribunales.
