La Corte Interamericana de Derechos Humanos reiteró al Estado panameño su obligación de presentar un informe acerca del cumplimiento de una sentencia por el despido de trabajadores en 1990, informó ayer una fuente ligada al caso.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organización abogada de víctimas y protectora de derechos humanos, indicó en un comunicado que Panamá debía presentar el informe a más tardar el pasado 1 de octubre.
Se trata de un documento donde se indiquen las medidas para cumplir con la sentencia dictada en 2001 por el caso Baena Ricardo y otros, en el que Panamá fue condenado al pago de indemnizaciones.
El recordatorio de la Corte, con fecha del 12 de octubre, ordena al Estado que "remita dicho informe a la mayor brevedad, con el propósito de que el Tribunal pueda evaluar el cumplimiento del fallo".
Por este caso, cinco de las víctimas se encuentran en San José de Costa Rica, protestando desde hace una semana frente a la sede de la Corte, con el fin de pedir justicia y que el gobierno panameño cumpla con la sentencia.
Hasta el momento Panamá no ha pagado las indemnizaciones.
