El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) informó ayer que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Costa Rica, ordenó al Estado de Panamá presentar un informe sobre el avance en el pago de indemnizaciones por el caso Baena y otros.
La Corte condenó en febrero del año pasado a Panamá por el despido ilegal de 270 trabajadores que participaron en una huelga considerada un movimiento para derrocar al gobierno en 1990.
El gobierno fundamentó los despidos en una ley que entró en vigor posteriormente, razón por la cual Cejil presentó la demanda en 1998 a la CIDH.
Según la condena, Panamá debía retribuir inicialmente con 3,000 dólares a cada uno de los afectados, más indemnizaciones y salarios caídos o su reintegro, pero los pagos se han hecho de forma incompleta y fuera de plazo.
La Corte resolvió el pasado viernes que "el Estado debe presentarle un informe detallado, a más tardar el 15 de agosto, sobre el pago a las víctimas de los salarios caídos y demás derechos laborales", indica un comunicado de Cejil.
"Además detallar el trámite nacional para fijar los montos indemnizatorios respectivos, incluyendo los criterios utilizados para su determinación y el reintegro en sus cargos de los 270 trabajadores o en su defecto la indemnización correspondiente", agrega el documento.
Una vez recibido el informe, la Corte evaluará el nivel de acatamiento de la sentencia del caso Baena y se pronunciará al respecto.
Según Cejil, representante de la mayoría de las víctimas, Panamá no ha informado sobre los parámetros que utilizó para determinar las indemnizaciones, por lo que las sumas propuestas hasta ahora son sustancialmente inferiores al cálculo realizado por las víctimas. Este es el primer caso en que el Tribunal internacional se pronuncia sobre derechos laborales.
En tanto, el gobierno panameño anunció ayer que el próximo viernes pagará 7.8 millones de dólares a 200 trabajadores que fueron destituidos en 1990, por una supuesta conspiración para derrocar al gobierno del entonces presidente, Guillermo Endara.
El viceministro de Finanzas de Panamá, Eduardo Quirós, dijo a la prensa que con este pago a los empleados del que fuera el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) se está cumpliendo con lo dispuesto por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CDHI), con sede en Costa Rica.
Quirós señaló que la sentencia de la Corte establece "claramente" qué trabajadores son los beneficiados con este pago, que son los que estaban amparados por leyes especiales durante las funciones que ejercían en el IRHE, antes de que se aprobara la Ley 25 de 1990 con la que se destituyó a un total de 270.
Añadió que los otros se acogerán a otra disposición de la sentencia que establece la posibilidad del reintegro, lo cual es analizado por una comisión designada por el gobierno.
El viceministro aclaró que la interpretación que se le ha dado a todo lo relacionado con este caso "es estrictamente apegada a la letra de la sentencia" de la Corte.
Cuatro trabajadores panameños mantienen desde la semana pasada una protesta frente a la CIDH, en San José, por el supuesto incumplimiento del Gobierno panameño de una resolución de este tribunal.
La protesta es porque el Gobierno de la presidenta panameña, Mireya Moscoso, supuestamente pretende pagar menos de lo que señala una resolución de la Corte, dictada el 2 de febrero del año pasado, según los quejosos.
El grupo de trabajadores que realizan la protesta pacífica pertenece a los 270 funcionarios públicos despedidos por Endara, acusados de conspirar contra la seguridad del Estado.
La CIDH falló a favor de los trabajadores, para los que demandó una indemnización y pago de daños morales por parte del Estado panameño, pero hasta ahora el gobierno de este país no ha reconocido en su totalidad lo que señaló este organismo, de acuerdo con un vocero de los afectados.
Destacó que la indemnización que debe pagar el Estado panameño pretende no incluir vacaciones ni aguinaldos de más de diez años de salarios caídos y, por el contrario, está deduciendo altos impuestos, lo cual viola el fallo de la Corte Interamericana.
La Corte condenó al Estado panameño a pagar los salarios perdidos e indemnizar a los trabajadores si no califican para volver a instalarlos en su puesto.
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