LA Corte Suprema de Justicia debe seguir investigado los casos de supuestos actos de corrupción denunciados contra diputados de la Asamblea Nacional, hasta tanto se tome una decisión que faculte a la Procuraduría de la Nación a realizarlo, así planteó el secretario general, Rigoberto González.
En este momento, mencionó que se deben perfeccionar las sumarias en estos casos, mientras se resuelve el recurso interpuesto de inconstitucionalidad que efectuó la procuradora Ana Matilde Gómez contra la forma que planteó la Asamblea Nacional de investigar a los parlamentarios.
Las declaraciones de González surgen en momentos en que Panamá no salió favorecida con el informe de Transparencia Internacional.
González señaló que nunca será suficiente lo que se haga, pero la voluntad es lo que debe prevalecer en los funcionarios que tienen en sus manos aplicar la ley y modificarla, ya que es el mensaje que se ha enviado.
Sobre los casos de corrupción donde están vinculados ex funcionarios, dijo que muchos de estos procesos que les correspondió investigar al Ministerio Público están en los tribunales de justicia.
Panamá ocupó el puesto 87, de 163 países, bajando su calificación de 3.5 obtenido el año pasado a 3.1, señala el informe del Indice de Percepción de la Corrupción.
El pasado mes de octubre la Alianza Ciudadana Pro Justicia detectó en una auditoría que nueve procesos de alto perfil que se investigan por corrupción mantenían una morosidad de respuesta en la Corte.
Entre estos se encuentran el CEMIS, Partidas Secretas y Fundación Mar del Sur, que tienen más de año y medio de espera, a la solicitud efectuada en la Corte por parte de la Procuraduría General de la Nación para la reapertura. También aparecen los casos PECC, Banco Nacional de Panamá en el Segundo Tribunal de Justicia. El proceso de Canal Once es el único donde hay dos detenidos.
