La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia revocó ayer una decisión que favorecía a la polémica empresa Ocean Pollution Control (OPC) y ponía en desventaja a las empresas navieras que operan en el país.
La máxima corporación de justicia levantó la suspensión provisional, del 21 de septiembre , que le había permitido a la OPC restaurar la tarifa que aplicaba antes del 1 de octubre de 2009 por el servicio de prevención y control de contaminación a cada barco que transita por Panamá.
Esto representaba un fuerte aumento en los costos de las navieras.
La empresa OPC había notificado el miércoles a todas las navieras que subiría la tasa y que facturaría el dinero que dejó de percibir desde el primero de octubre de 2009, cuando la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) le aplicó el recorte de la tarifa de $0.02 a $0.00001 por tonelada de registro de cada embarcación que toque puertos panameños.
La decisión de revocar la medida a favor de la OPC surgió, luego que la AMP pidió el levantamiento de la misma alegando graves perjuicios a las empresas navieras, que incluían cobros que anteriormente la compañía no había aplicado.
“Al momento en que esta Sala dispuso suspender el acto administrativo contenido en la resolución JD 017-2009 del primero de octubre de 2009 de la AMP, no contaba con los elementos probatorios que han sido incorporados por la entidad demandada”, dice el fallo de la Corte que lleva la firma del magistrado Alejandro Moncada Luna.
Sin embargo, la Corte aclaró que esta acción no constituye un adelanto de la decisión final de este caso, donde la OPC demanda la nulidad de la resolución de la AMP.
La reactivación de la vieja tarifa había causado sorpresa y tensión entre las navieras.
Antes de conocerse la corrección de la Corte, Ricardo Lince, representante de Agencia Continental, expresó que le estaban solicitando a la AMP una explicación, ya que el aviso de la OPC los había dejado confundidos.
“Queremos una versión oficial de lo que está sucediendo”, reiteró.
La naviera Mitsui OSK Lines (MOL) también ha señalado en el pasado que las tarifas que cobra la OPC no corresponden a la realidad del mercado internacional.
La OPC mantiene los derechos de cobrar una tarifa regulada a cada barco que toca puertos panameños por servicios de prevención y control de contaminación, debido a una polémica concesión otorgada en el gobierno de Ernesto Pérez Balladares.
En la demanda de nulidad contra la AMP, OPC presentó un informe contable en el que intenta demostrar los efectos que ha tenido el recorte de tarifa, incluso sostiene que la empresa podría dejar de realizar algunas actividades por no percibir los montos que facturaba antes del 2009.
Incluso la OPC sostiene que el recorte a la tarifa que puede cobrar no le permite facilidades financieras.
