La Sala Tercera Contencioso Administrativa de la Corte Suprema de Justicia decidió mantener la suspensión del contrato a la empresa Ocean Pollution Control, a la que se le cedió una concesión para la recolección de desechos marítimos.
El contralor Alvin Weeden presentó ante la Corte una demanda de nulidad, para que se declarara la nulidad del contrato suscrito entre la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y Ocean Pollution Control.
Inicialmente, la Sala había ordenado suspender provisionalmente el citado contrato, pero los abogados de la empresa presentaron un recurso para que se levantara la prohibición.
Weeden objetó tanto los contratos de Ocean Pollution Control y el asignado a Ports Engineerin Consultad Corp. (PECC). En una opinión, la procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, pidió a la Corte no suspender este contrato.