Adán Arnulfo Arjona entrega hoy la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al magistrado César Pereira Burgos, convencido de que alcanzó todos los objetivos que se propuso a pesar de los polémicos fallos que dictó esa corporación durante su administración, como fue el caso CEMIS.
"Desafortunadamente la corporación ha tenido que tomar una serie de decisiones profundamente polémicas que han generado mucha opinión, posiciones contrapuestas por casos verdaderamente históricos que han surgido durante este período", reconoció el magistrado.
Pero también el tema del rezago judicial fue un quebradero de cabeza. El Organo Judicial alcanzó un 66% de resolución de casos activos, ingresados y pendientes en todas las jurisdicciones del país.
Para Arjona, estas cifras son un indicador de la necesidad de apoyar el sistema de justicia para que se eleven los índices de rendimiento.
"Si ahora con las dificultades presupuestarias y de personal que estamos enfrentando, estamos produciendo un 66%, yo pienso que con una decidida acción política de apoyo hacia el proyecto de mejoramiento, esos índices pueden elevarse sustancialmente", destacó el magistrado.
Al preguntársele si la cantidad de expedientes que quedaron en rezago requieren de la creación de una nueva Sala en la CSJ, respondió: "Ese tema hay que examinarlo con cuidado... no quiero adelantar una hipótesis sobre ese particular hasta tanto haga un pensamiento real sobre las cifras y cantidad de negocios que llevan las distintas salas".
Agregó que el tema es algo que puede evaluarse sin mucho apresuramiento y que va a depender de la necesidad y de los recursos disponibles para crearla.
En cuanto a un mecanismo para medir la eficiencia, Arjona manifestó que se han tratado de crear las herramientas para que cada despacho pueda darle seguimiento a los distintos procesos que tiene asignado.
Indicó que una de esas herramientas es el proyecto de seguimiento automatizado de expedientes, el cual demostró los siguientes niveles de ejecución: la Sala Segunda el 100%; la Sala Tercera, 100%; la Sala Primera, 40%; Sala Cuarta el 40%; y el pleno de la CSJ logró el 60%.
La Sala Primera (Civil) está a cargo de José Troyano: la Segunda (Penal), César Pereira Burgos; la Tercera (Contencioso-Administrativa y Laboral) y Cuarta (Negocios Generales), Adán A. Arjona.
El presidente saliente de la Corte manifestó que el proyecto es sólo una parte de lo que se puede hacer. Agregó que el "Manual de Buenas Prácticas Judiciales" ofrece una guía de aspectos que cada juez o magistrado puede realizar con su equipo de trabajo para darle seguimiento a sus casos y mantener una buena calidad en la ejecución de expedientes.
Aseguró que una de las iniciativas de su gestión fue examinar científicamente el problema. Reconoció que a menudo se piensa que los expediente tardan porque se asume que hay un desdén de parte de los funcionarios que los están tramitando.
Que un expediente avance rápido no necesariamente depende de la voluntad del funcionario, sino de otros factores como la falta de apoyo tecnológico, recurso de personal adecuado y otras veces los litigantes generan dilación en los trámites, o sea, hay todo un tema cultural que explica de manera científica el porqué un expediente se demora, explicó.
El hecho de que algunos expedientes se resuelven más rápido que otros depende de la materia, explicó el presidente saliente de la Corte Suprema de Justicia.
“Cuando hay acciones o materias a las que la propia ley les quiere conceder alguna preferencia o rapidez, por la naturaleza de los intereses en juego, es que se produce una decisión un poco más rápida que la otra”, aseguró el magistrado Adán Arnulfo Arjona.
Reconoció que muchas veces se alega que hay selectividad en el tratamiento de los casos por parte de la justicia, pero indicó que habría que examinar caso por caso para determinar si hay preferencias en el trámite de los expedientes.
Destacó que una de las enseñanzas que le ha dejado la presidencia de la CSJ es que si algo no admite generalizaciones ni simplismo es la justicia.
“Estamos ante un tema público y tenemos que hacerle entender a la gente lo que pasa dentro de un tribunal, para que así mismo haya de parte de la ciudadanía una comprensión y el apoyo que necesitamos para mejorar la cosa”, indicó.
Por otro lado, el magistrado reconoció que la ley establece una serie de criterios para ir resolviendo los casos, como por ejemplo la antigüedad.
Precisó que muchas de estas disposiciones de prioridad deben ser revisadas porque se requiere buscar un mecanismo más flexible para que los casos puedan resolverse rápido.
Arjona aseguró que el hecho de que sectores externos a la CSJ influyan en la decisión de los jueces o magistrados, tiene que ver con la independencia, cualidad que depende de la voluntad personal y de las convicciones que tenga cada funcionario.
Para el magistrado el sistema debe estar organizado para permitir proteger al juez de cualquier influencia exógena que pudiera contaminar su decisión.
“Ante todo, creo que lo más importante es que el juez tenga el valor y el coraje para mantenerse alejado de cualquier influencia que pueda perturbar la justicia de su decisión”, aseguró.
Con respecto al comportamiento de algunos magistrados que han participado en programas de opinión, Arjona advirtió que “la norma debe ser que un juzgador debe mantenerse con mucha sobriedad y no adelantar ninguna opinión pública sobre el tema que debe decidir”.
No obstante, señaló que esa norma no debe ser un impedimento para que en un momento dado un juez o un magistrado intervenga en un medio de comunicación social para esclarecer su participación en un fallo o aclarar un hecho en el que se le ha mencionado.
Sobre la participación de magistrados en reuniones sociales o almuerzos privados, el magistrado explicó que el artículo 440 del Código Judicial señala los distintos supuestos respecto de los cuales el servidor judicial debe abstenerse de participar porque afectan su independencia o imagen pública.
Indicó que también se ha elaborado un “Manual de Buenas Prácticas Judiciales”, en el cual se hacen recomendaciones de cómo el juez y el funcionario deben conducirse fuera y dentro de sus horas hábiles.
Arjona sostiene que aún fuera de horas hábiles, el magistrado es un servidor judicial, por lo que debe apegarse a las normas éticas que están consagradas en el Código Judicial y que son aplicables para todos los funcionarios del Organo Judicial.
Manifestó que los magistrados y jueces llevan a cabo una actividad “tan delicada” que están revestidos de un carácter especial y además tienen que estar por encima de los conflictos que comúnmente puede tener un ciudadano.
Destacó que la gente cuando acude a los tribunales quiere recibir un juicio ecuánime de su situación, una aplicación recta de la ley y no encontrarse con una persona (juez o magistrados) que tenga vínculos económicos que lo lleven a tener una opinión sesgada en determinado asunto o contra una persona en particular.
Arjona explicó que el proceso para la repartición de los expedientes está señalado en la ley, pero además de ello se ha ido introduciendo una serie de aspectos tecnológicos en ese procedimiento para mejorar la transparencia y evitar cualquier tipo de manipulación de los casos.
Precisó que uno de los ejemplos específicos ha sido el registro de entrada único de documento, donde la persona ingresa un documento y el mismo es asignado en forma aleatoria y con intervención tecnológica.
